Me preocupa que la incorporación del delito político sirva para matizar obligaciones con los DD.HH.: José Miguel Vivanco de HRW

“Esperemos que no haya intención de disfrazar delitos que vulneran los Derechos Humanos tales como las desapariciones, los secuestros y las ejecuciones, e intentar convertirlos en delitos justificables dada la motivación política para su comisión. Eso es un debate antiguo que hoy en día no se da y eso iría contra todo el marco jurídico internacional”, dijo Vivanco.

El vocero de HRW también se refirió al riesgo que representa el proyecto de Reforma Constitucional, que impulsa el Ministerio de Defensa en el Congreso, a través del cual delitos como las ejecuciones extrajudiciales, o las interceptaciones telefónicas, el concierto para delinquir o incluso las vinculaciones de militares con el narcotráfico, pasarían a ser causas de los tribunales penales militares.

Advirtió que eso sería un retroceso y una contradicción directa con la jurisprudencia de la Corte Penal Constitucional y de los tribunales nacionales.

Sin embargo reconoció que la justicia es lenta y recordó que los falsos positivos que afectaron a 4.300 víctimas están bajo el control de la Fiscalía General de la Nación, y las averiguaciones no avanzan al ritmo que se quisiera.

Aun así refirió que hay por lo menos 800 militares condenados por estas ejecuciones extrajudiciales, en su mayoría soldados, con apenas 3 coroneles y 4 tenientes coroneles sentenciados.

Adicionalmente Vivanco comentó que el marco jurídico para la paz puede permitir que se abran rendijas por las cuales se puede colar la impunidad, en el sentido de que si no hay penas privativas de libertad no será posible hacer justicia.

“Es estimulantes que a las Farc y al Gobierno se les recuerde que hay obligaciones que no pueden ser objeto de negociación, especificados en el Tratado de Roma, y por eso el proceso penal que se establezca para un posible escenario de posconflicto debe ser genuino, creíble y debe contemplar el procesamiento y el castigo con privación de libertad, nada de penas alternativas”, dijo Vivanco.

Con respecto al caso de la diputada de oposición venezolana María Corina Machado, acusada por los órganos judiciales como presunta implicada en un plan para asesinar a Nicolás Maduro, el director de HRW para las Américas opinó que se trata de una circunstancia más de persecución política a líderes de la oposición en ese país.

“Es un abuso de poder absolutamente incalificable; quien toma estas decisiones en Venezuela es el poder ejecutivo, el judicial fue intervenido hace 10 años y la corte Suprema de Justicia es un apéndice del Gobierno. El 80% de los jueces son provisionales, y por eso abordan las necesidades políticas del Gobierno. La intención es silenciar a los líderes a cualquier costo”, sentenció Vivanco.