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Persiste riesgo en 93 municipios por conflicto armado, denuncia la Defensoría

La Defensoría del Pueblo denunció que persiste el riesgo en casi un centenar de municipios por el accionar de los grupos armados en el país.

De acuerdo con un informe de la Defensoría, en los últimos 12 meses ese organismo ha emitido 56 documentos de advertencia por la situación en 93 municipios de 24 departamentos del país.

Según un informe del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría, las Farc y los grupos posdesmovilización o las llamadas 'Bacrim', se consolidan como los principales actores que generan amenazas contra la población civil.

Entre las organizaciones armadas figuran los grupos autodenominados 'Águilas Negras', 'Los Paisas', 'Los Gaitanistas' o 'Urabeños', 'Los Rastrojos', el 'Bloque Meta' y 'Libertadores del Vichada', señala la Defensoría.

Departamentos

La entidad identificó a las Farc en 42 de las situaciones de riesgo advertidas, particularmente en los departamentos de Chocó, Valle, Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander, Arauca, Boyacá, Casanare, Meta, Guaviare, Vichada, Caquetá, Tolima, Huila, Cundinamarca, Risaralda, Santander, Bolívar y Amazonas.

De otro lado, el SAT advirtió que son las minorías étnicas las más afectadas por el conflicto. Las comunidades indígenas y la población afrocolombiana aparecen en varios documentos que advierten de amenazas principalmente por las Farc y los grupos conformados con posterioridad a la desmovilización de las autodefensas.

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, se mostró preocupado porque persiste el riesgo de que los grupos armados ilegales causen homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, reclutamiento de niños, violencia sexual y de género, amenazas, extorsiones, despojo de bienes y tierras, enfrentamientos armados, secuestros y atentados contra la infraestructura.

El funcionario denunció que a medida que aumentan su control territorial, estos grupos armados también incrementan su participación en las principales economías ilegales, particularmente la siembra de cultivos ilícitos, procesamiento y tráfico de narcóticos, y minería ilegal, como lo corroboró durante su vista la semana pasada al Chocó.