Por qué debe reglamentarse el lobby en Colombia

¿Deben las personas que hacen lobby rendir cuentas frente a los intereses que representan y la identidad de sus representados? ¿Debe seguir el ejercicio del lobby dentro de la actual estigmatización y clandestinidad en la que se encuentra? RCN La Radio habló con varios de los implicados y líderes políticos que explicaron por qué el lobby debe o no reglamentarse en Colombia.

Dentro del mundo de los juristas y los académicos, la actividad de hacer lobby se entiende como la tarea que busca influenciar un proceso de toma de decisiones. La teoría más aceptada sobre el uso del término ‘lobby’ para esta acción viene de Estados Unidos. Muchos ciudadanos y funcionarios se acercaban al lobby del Hotel Willard, en Washington, el cual era frecuentado por el Presidente Grant y buscaban pagar sus bebidas y expresarle sus intereses. Hacer ‘lobbying’ se convirtió en estar cerca del poder y tener capacidad de moldear las normas.

A medida que la democracia ha tomado más forma, el lobby ha tomado más fuerza y se ha tecnificado cada vez más. Las iniciativas ciudadanas y las organizaciones privadas han desarrollado formas de organización muy estructurada y eficaz para enfrentar sus intereses frente a los encargados de tomar decisiones.

En Colombia el lobby ha tomado mucha fuerza durante las últimas décadas. Los grupos privados tienen oficinas cada vez más grandes y especializadas en discutir intereses con los congresistas y el gobierno. Tal vez el más famoso caso de ‘cabildeo’ en el país es el de Javier Hoyos, asesor legislativo de Bavaria, que pasaba tanto tiempo en el Congreso que terminó siendo conocido por el país con el nombre de ‘Senador número 103'.

Sin embargo, al no existir leyes frente al lobby para reglamentar los límites de esta práctica, no hay manera de saber quiénes son los ‘lobbistas’ y qué intereses defienden. Dado ese vacío legal y la clandestinidad desde la que muchas veces trabajan, los ‘lobbistas’ en muchos casos transgreden la legalidad, ofreciendo millonarias comisiones o favores para quienes respalden sus pedidos.

Andrés García, fundador de la empresa Sed Nove, dedicada a los servicios de asesoría política y legislativa es el más reconocido ‘lobbista’ que defiende la propuesta de que su profesión se reglamente.

García le contó a RCN La Radio que hay compañías dedicadas al lobby y que establecen precios fijos para darle una cita en el despacho de un ministro a particulares, por precios que rondan los $20 millones de pesos, según pudo establecer este medio.

“El solo hecho de presentar la propuesta de ofrecer una cita sobre esa base hace pensar que el tema que se tratará con ese funcionario es incorrecto”, precisó García.

La senadora Claudia López ha sido una de las más críticas del actual estado del ejercicio del lobby en Colombia. López le dijo a RCN La Radio que los ‘lobbistas’ durante la pasada reforma tributaria eran más que los mismos congresistas.

“Deberíamos saber quiénes son los ‘lobbistas’, que se registren (...) Si sus intereses son legítimos y no son criminales, que los defiendan y que esas proposición de un privado se pueda discutir desde el campo legislativo”, señaló López.

Javier Hoyos durante los años noventa era conocido como el ‘Senador #103’, debido a su constante presencia en el Congreso, defendiendo abiertamente los intereses de Bavaria. Hoy es dueño de una de las más importantes firmas dedicadas al lobby en Colombia y le contó a RCN La Radio por qué no cree que su ‘profesión’ deba reglamentarse.

“Al lobby normalmente lo asocian como una actividad ilícita, o mañosa (…) quienes desarrollamos el lobby de manera profesional, correcta y honesta, sostenemos que esta es una actividad lícita”, precisó Hoyos.

“En un país en el que se entregan 400 proyectos de ley hay que tener una actitud muy vigilante porque cualquiera de esos proyectos puede afectar significativamente a muchas empresas”, le explicó Hoyos a RCN La Radio.