Procurador Ordoñez reitera críticas al proceso de Justicia Transicional en las negociaciones de paz

Basándose la Sentencia de Octubre de 2012 del organismo internacional, que hace referencia a la masacre acontecida en diciembre de 1891 en el caserío El Mozote, en El Salvador; el jefe del Ministerio Público señaló que existe un "argumento errado" el pretender que "el Estado sólo debe investigar crímenes de guerra y de lesa humanidad en el contexto de la terminación de un conflicto armado".

"Según ese criterio, errado a mi parecer, el Estado podría renunciar a la persecución penal de todas las graves violaciones a los Derechos Humanos que no alcance la connotación de crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo, en una desaparición forzada, si el caso no hizo parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque, el Estado podría no investiga, juzgar y condenar penalmente a los perpetradores, sean las Farc o agentes estatales", expresó.

Así mismo, criticó las posiciones que en materia de Justicia Transicional intentan asumir las Farc, al señalar que "no hay impunidad si se habla con la verdad y reconocimiento de esas violaciones, así no existan condenas proporcionales a la gravedad de la violación cometida y así no exista cárcel".

El Procurador Ordoñez sostuvo también que no puede haber amnistía para las personas sospechosas de haber cometido crimenes de guerra o que están condenadas con ello.

"Las amnistías al finalizar el proceso con el cese difinitivo de hostilidades exlcuyen que cabría en crimenes de guerra e incluso los crimenes contra la humanidad. No obstante no son los únicos los crimenes excluidos los que se quieren señalar por algunas voces en el país, la Sentencia (caso El Salvador) ratifica que aún frente a un conflicto armado y su terminación, se entiende por impunidad la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Comisiòn Interamericana", recalcó.

Afirmó que realizar las adecuaciones al Marco Jurídico para la Paz y las leyes estatutarias que se derivan de los estándares internacionales de los Derechos Humanos, como lo sugiere el 'Informe Pais Colombia 2012-2013', significaría "poner al margen" lo establecido en la Convención Americana y las mismas sentencias de la CIDH, ya que sólo se investigarìan los crimenes de guerra, lesa humanidad y genocidios.

"La Procuraduria advirtió y advertirá hasta la saciedad, ahora y a deshora, con tiempo y a destiempo, con prudencia e imprudencia, que asumir esa posición implicaría revictimizar a quienes sobrevivieron a las violaciones de los derechos humanos y de la misma manera a sus familiares (...) Es forzoso advertir y me corresponde como defensor del orden jurídico que no cabe en la justicia transicional colombiana, por muy colombiana que sea, la renuncia a la persecución penal de los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos", apuntó Ordoñez, quien manifestó que para una reparación integral de las víctimas, éstas deben tener acceso al aparato judicial.