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Presidente tomará decisión en caso Petro hasta que no queden recursos pendientes: MinJusticia

El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, afirmó que cuando ya no exista ningún recurso pendiente y quede en firme la destitución impuesta por la Procuraduría General, el presidente Juan Manuel Santos tomará una decisión en el caso del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Gómez Méndez dijo en RCN La Radio que una vez el presidente Santos sea notificado de la decisión sobre Petro evaluará la situación y tomará una decisión.



De igual forma señaló que el proceso es tan complejo que, por ejemplo, un acción de tutela que llegara a ser fallada a favor del alcalde Petro, podría dejar sin efecto la sanción de la Procuraduría.

Respeto a la institucionalidad

Reiteró que la posición del Gobierno frente a este caso ha sido la misma desde que se conoció la primera decisión del Ministerio Público en el sentido de respetar la institucionalidad y por ello el Presidente de la República no es el competente para decidir sobre si destituye o no Petro.

Gómez Méndez sostuvo que como está contemplado en la Constitución colombiana y el ordenamiento jurídico, lo único que puede hacer el presidente Santos en casos como éste, es cumplir con la decisión de un juez o bien el Procurador General de la Nación.

"El presidente Santos tiene 10 días a partir del momento en que el Procurador lo solicite (destituir al alcalde Petro). Lo que no puede esperar es 'Ad eternum' (que sea indefinida) y que pueda venir una decisión en sentido contrario", dijo el Ministro de Justicia.

Medidas cautelares

El Ministro de Justicia señaló igualmente que en el momento en que eventualmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emita una decisión frente a la solicitud de medidas cautelares por parte de la defensa del alcalde Petro, sólo en ese instante entrará a evaluar la decisión que adopte el organismo internacional.

"Lo que hay hoy es una decisión de la Procuraduría (pero) puede haber otra situación en el ordenamiento jurídico interno, por ejemplo, una tutela que deje sin efecto la decisión del Procurador. Entonces el Presidente no la pueda cumplir hasta que no quede en firme"", anotó.

Enfatizó que "el Presidente de la República actuará cuando la decisión del señor Procurador General de la Nación quede plenamente ejecutoriada".

Entre tanto, el procurador general Alejandro Ordóñez solicitó al presidente Juan Manuel Santos no dilatar el proceso de destitución (Vea nota sobe decisión de Procuraduría) de Petro.

"Dentro de los diez días siguientes a la decisión final de la Procuraduría, le corresponde al encargado de la unidad nacional (Presidente Santos) defender esta decisión; es necesario entonces actuar de manera correspondiente y no dilatarla”, señaló Ordóñez en entrevista con Noticias RCN.

Dijo que esta decisión hay que cumplirla de acuerdo a lo establecido en la Constitución.

"He demostrado de manera reiterada que no hay un solo argumento en mis decisiones diferente a lo que señala el ordenamiento jurado, la Constitución, la ley, los reglamentos (…)", indicó.

Confirmación de fallo

La Procuraduría General confirmó el fallo de destitución e inhabilidad por 15 años contra el alcalde Petro, decisión sobre la que el presidente Santos tendrá la última palabra.

La Sala Disciplinaria de la Procuraduría, organismo administrativo independiente que ejerce como Ministerio Público, anunció esta decisión que confirma el fallo del pasado 9 de diciembre de 2013.

La Procuraduría indicó que "encontró disciplinariamente responsable al señor Gustavo Francisco Petro Urrego, en su condición de alcalde mayor de Bogotá, por la realización de tres faltas gravísimas en la implementación del nuevo modelo de aseo en la ciudad de Bogotá" en diciembre de 2012.

Petro transfirió a una empresa pública el sistema de recolección de basuras que estaba en manos de cuatro compañías privadas, lo que durante tres días causó una crisis en la recogida de desechos.

En la sentencia inicial, la Procuraduría alegó que la decisión de Petro constituyó una "violación de los principios constitucionales de la libertad de empresa y de la libre competencia" y además puso en riesgo la salud pública.

Petro había interpuesto el pasado 31 de diciembre un recurso de reposición de esa decisión que ha considerado como un "golpe de Estado" del procurador Ordóñez, por motivos ideológicos y políticos.

El mandatario distrital también había recusado a Ordóñez y a dos viceprocuradores de la Sala Disciplinaria para apartarlos del caso, al considerar que habían tomado esa decisión de forma parcial, lo que los tres rechazaron.

El Procurador tendrá ahora que comunicar esta decisión al presidente Santos, quien es el funcionario competente para la ejecución de la sanción según el Código Disciplinario Único y en cuya mano está mantener o no la destitución e inhabilitación de Petro.