Pulso entre Fonade y la Fiscalía, tras la orden de devolver a nativos de Barú terrenos de Playa Blanca

Aunque el proceso busca favorecer a comunidades raizales, el Gobierno plantea que se trata de lotes baldíos ocupados ilícitamente, por lo que Fonade defiende y justifica la adjudicación a una sociedad (S.A.S). Fiscalía de Cartagena ordena "restitución transitoria" de terreno en Barú a los nativos

El caso reviste especial importancia dado que puede sentar un precedente en torno a la posesión de predios de la Nación y a la disputa entre empresarios y comunidades en torno a la explotación económica en zonas de reserva natural.

En un comunicado oficial el Fonade explica que por legislación, los predios pertenecen al Estado y no a comunidades nativas, como se alega en el proceso penal que ahora adelanta la Fiscalía.

Precisamente este ente investigativo ordena que los ciudadanos Ricardo Díaz Pérez y Alfonso Pineda Julio, personas que fueron desalojadas del predio que ocupaban, por medio del acta de fecha 9 de septiembre de 2009 levantada por el inspector de Policía del corregimiento de Santa Ana, sean reinstaladas de forma provisional en el predio de la Puntilla, ubicado en el Corregimiento de Santa Ana, en jurisdicción de este Distrito.

La Fiscalía señaló que esta reinstalación provisional en el predio de Díaz Pérez y Pineda Julio debe darse "en las mismas condiciones en que se encontraba cuando fue desalojado del predio La Puntilla y en forma definitiva hasta que un juez de conocimiento lo decrete".

Fiscalía de Cartagena ordena "restitución transitoria" de terreno en Barú

La Fiscalía Tercera Delegada de Cartagena emitió una resolución de acusación contra un alcalde local y ordenó devolver transitoriamente, parte de los terrenos del predio La Puntilla a los denunciantes que aseguran ser los herederos de esas tierras.

Las tierras en cuestión están ubicadas en el corregimiento Santa Ana, en la turística isla de Barú y habrían sido arrebatadas de manera ilegal por particulares, a sus legítimos dueños.

Fuentes cercanas a este caso explicaron que en estos predios aparentemente se estudiaba la posibilidad de iniciar proyectos turísticos por partes de empresarios.

En la misma determinación se hace énfasis en que la Alcaldía de Cartagena no pude volver a resolver este tipo de tierras, como en este caso, por la vía de la Policía Judicial.

Se ordena que los ciudadanos Ricardo Díaz Pérez y Alfonso Pineda Julio, personas que fueron desalojadas del predio que ocupaban, por medio del acta de fecha 9 de septiembre de 2009 levantada por el inspector de Policía del corregimiento de Santa Ana, sean reinstaladas de forma provisional en el predio de la Puntilla, ubicado en el Corregimiento de Santa Ana, en jurisdicción de este Distrito.

La Fiscalía señaló que esta reinstalación provisional en el predio de Díaz Pérez y Pineda Julio debe darse "en las mismas condiciones en que se encontraba cuando fue desalojado del predio La Puntilla y en forma definitiva hasta que un juez de conocimiento lo decrete".

Por su parte, el Superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, aseguró que no es clara la competencia de la Fiscalía para tomar esta determinación. Sin embargo, dijo que la entidad adelantará un acompañamiento al caso.



Vélez aseguró que esta decisión puede sentar un precedente para eventuales decisiones futuras en otros predios de la Isla de Barú. Incluso lanzó una alerta por las presuntas irregularidades en la titulación de predios de Cartagena.

"Esta decisión es muy importante, históricamente muy importante para el tema de Barú. Lo que defina el Tribunal obviamente va a ser una decisión que va a amparar, no solamente el tema de La Puntilla, sino muchas de las decisiones que tienen que ver con el tema de Barú", agregó.

Entre tanto, Álvaro Baena, abogado de los nativos que habían interpuesto la demanda contra Fonade, celebró la decisión y aseguró que es una determinación justa con quienes nacieron y vivieron en estas tierras.

"Con esto se reubica el derecho a los nativos que siempre han vivido ahí y que poco a poco se les han quitado las tierras (…) todo era con la excusa de hacer un proyecto turístico, que al final nunca se realizó y nadie sabe dónde está el dinero que se dijo invirtieron", aseguró Baena.

El abogado de las familias nativas de esta zona insular cerca a Cartagena, aseguró que aunque por el momento son dos personas las beneficiadas con la decisión judicial, se abre una puerta para que demás afectados puedan intervenir sobre los terrenos que según ellos les fueron arrebatados.

"Hoy en día eso pertenece a una organización en la que está incluida Fonade y otros particulares (…) Esas tierras se le entregaron y ahí fue cuando empezó con un proceso policivo para sacar a quienes nacieron y vivieron allí durante muchos años", puntualizó Baena.