"Respetamos decisión de la Corte en el caso María del Pilar Hurtado": Presidente (e) de Panamá

El presidente electo aseguró que si las autoridades le ordenan extraditar a Hurtado así lo hará. "Lo que sea mi facultad como presidente y lo que las leyes del país manden, será. Para mí es cumplir con las leyes del país y la Constitución", recalcó Varela.

Juan Carlos Varela, quien se desempeñaba como canciller cuando se le concedió el asilo político a la exdirectora del DAS, señaló que respeta la decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró ilegal dicho asilo.

"Es una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que nos toca respetar", reafirmó.

Por su parte, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ordenó que el canciller Francisco Álvarez maneje exclusivamente el tema.

Por otro lado, La Fiscalía de Colombia radicó este martes ante la Corte Suprema la petición de extradición de María del Pilar Hurtado. La solicitud fue radicada por la fiscal tercera delegada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, María Victoria Parra.

La petición se sustenta, entre otras cosas, en que los cinco delitos por los que fue acusada Hurtado en septiembre de 2011 superan una eventual pena de dos años de prisión.

La Fiscalía recuerda que existe una orden de prisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá contra Hurtado, que entre 2007 y 2009 fue directora del ahora liquidado Departamento Administrativo de Seguridad por considerar que la exfuncionaria representa un peligro para la sociedad y puede obstruir a la justicia si está en libertad.

En los próximos días el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Fernando Castro, pondrá a consideración de los otros magistrados la solicitud.

Si la petición prospera, la Corte realizará los trámites necesarios ante la Cancillería para traer de vuelta al país a Hurtado, que en noviembre de 2010 recibió asilo del Gobierno panameño.

Hurtado debe responder ante la justicia colombiana por varios delitos, entre ellos concierto para delinquir agravado y violación ilícita de comunicaciones.

Esos delitos se le imputan por su presunta participación en los seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados, congresistas y defensores de derechos humanos ocurridas durante el anterior Gobierno.