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Retiraron la solicitud de audiencias de imputación contra los 11 de Pinares de Oriente

Defensa de las familias de Pinares de Oriente afirmó que “acoge y acepta pero no de buen agrado” la decisión de la Fiscalía General de la Nación de retirar la solicitud de audiencias de imputación contra los Once de Pinares. El abogado de estas familias, José Toledo, advirtió que le preocupa que el proceso “prescriba por negligencia y falta de diligencia” del ente acusador

José Fernando Toledo, abogado de las 617 familias de Pinares de Oriente reaccionó con respecto a la decisión de la Fiscalía General de la Nación, tomada a través del fiscal segundo delegado ante el Tribunal Superior de Villavicencio, de retirar la solicitud de audiencias de imputación y de medidas de aseguramiento contra Los 11 funcionarios y ex funcionarios de la Gobernación del Meta involucrados en la investigación penal por el sonado caso de Pinares de Oriente con respecto a las anomalías detectadas en ese proyecto de viviendas de interés social que tiene una inversión superior a los 17 mil millones de pesos de regalías petroleras contratados desde el 2011, sin que aun se logre terminar su construcción.

El abogado dijo que, si bien acoge y respeta la decisión de la Fiscalía, no la recibe de buen agrado.

Afirmó que la preocupación que tiene la defensa de estas familias humildes es que “las conductas punibles por las cuales acusan a los once involucrados podrían prescribir y la culpable sería la propia Fiscalía General de la Nación por negligencia y falta de diligencia”.

Asimismo añadió el abogado Toledo que les dijeron que la decisión se sustentaba en la intención de la parte acusadora de analizar más concienzudamente las conductas punibles de los indiciados.

Indicó también el profesional del derecho que el fiscal pudo haber encontrado más inconsistencias o simplemente cambió de criterio.

Es muy posible que después haya una nueva fecha de audiencia con más o menos indiciados puntualizó el abogado.

Cree el abogado quien representa a las 617 familias afectadas con el millonario proyecto, que es posible que salgan o queden libre de imputación de cargos, varios de los 11 funcionarios y ex funcionarios hoy vinculados al proceso.

Los once implicados son Óscar Mendoza Parra (representante legal de CorpoCasa), Édgar Augusto Jara Guevara ex gerente de Vivienda del Meta , Rodrigo Patiño Pastrana ex asesor jurídico de la Gobernación, Ángela María Moreno Neira, Vladimir Sierra Martínez, Pedro Alexánder Gutiérrez Aguilera, Rosa Inés Blanco García, Eleázar Alfonso Durán Mora, Jorge Carmelo Pérez, Gloria Yaneth Ávila Baira y Natividad Riveros.