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Sindicalistas colombianos denuncian ataque contra su sede en ciudad de Cali

Sindicalistas denunciaron hoy que desconocidos atentaron en la madrugada contra su sede en la ciudad de Cali (suroeste), hechos que se producen cinco días después de que la Justicia le ordenara al Gobierno pedir perdón público por la persecución que sufrió ese colectivo entre 2004 y 2007.

El Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali (Sintraemcali) condenó los ataques sufridos hacia las 2.25 am, cuando de acuerdo con el testimonio del vigilante, cuatro individuos comenzaron a lanzar "bombas incendiarias" contra el edificio ubicado en el barrio San Nicolás de esa ciudad.

Las puertas de la sede quedaron averiadas, la fachada se ahumó y la tubería del agua estalló, lo que ayudó a controlar las llamas, según el vigilante, que añadió que dos de los responsables huyeron en moto y los otros dos abandonaron el lugar en un taxi.

El ministro colombiano de Trabajo, Rafael Pardo, rechazó el ataque y pidió al director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino, que investigue los hechos y que brinde protección a los líderes sindicales.

El suceso se produjo cinco días después de que la jueza 29 del tribunal Penal Municipal de Bogotá ordenara al actual presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y a su vicepresidente, Angelino Garzón, que pidieran perdón públicamente a tres sindicatos caleños entre los que se encuentra el patronato atacado este miércoles.

La jueza consideró que Sintraemcali, Sintraunicol y Sintratelefonos fueron perjudicados por las declaraciones públicas que en julio de 2007 vertieron funcionarios del anterior Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) al vincular a los sindicalistas con testaferros y aliados de la guerrilla de las FARC.

Según los sindicalistas, después de esas acusaciones comenzaron a recibir amenazas de muerte por parte del grupo neoparamilitar conocido en Colombia como Águilas Negras.

En vísperas del inicio del juicio en 2012, el exvicepresidente de Uribe, Francisco Santos, se retractó y pidió perdón, mientras que el exasesor presidencial del exjefe de Estado José Obdulio Gaviria hizo lo propio después del fallo la semana pasada.

Además de las falsas relaciones con las FARC, los sindicalistas aseguran haber sido víctimas de un despido colectivo por razones políticas en 2004, cuando el Gobierno de Uribe intervino la gerencia de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) y fueron despedidos 51 trabajadores, de los que seis eran directivos sindicales.

La Corte Constitucional ordenó el reintegro de esos empleados en una sentencia de 2012 al considerar que "el despido de los trabajadores obedeció más a una conducta antisindical del empleador".