Venezuela ocupa instalaciones de fábrica de productos de limpieza de EE.UU.

El Ministerio de Información y Comunicación dijo en su página web que se trata de una "ocupación temporal" y que los trabajadores de la empresa ya reiniciaron sus operaciones "luego que sus dueños decidieran cerrar sus puertas sin previo aviso".

El vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, indicó, según la nota ministerial, que Clorox ahora es una fábrica "liberada por sus trabajadores", quienes "el día lunes cuando llegaron a cumplir con sus labores la encontraron cerrada".

The Clorox Company informó el mismo lunes en su sede en Oakland (California, EE.UU.) que abandonaba Venezuela por las "restricciones operativas" impuestas por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, la "incertidumbre económica" y las "interrupciones de suministros" en el país suramericano.

En la nota informativa, la compañía aseguró que durante casi tres años se vio obligada a vender más de dos tercios de sus productos a precios congelados por el Gobierno, lo que provocó "grandes incrementos en los costos de producción" y "constantes pérdidas operativas".

El presidente de la empresa en Venezuela, Oscar Ledezma, según el vicepresidente venezolano, hizo que cada uno de los 474 trabajadores recibiera un mensaje de voz "en el que les dijo: nos vamos de Venezuela, ya les depositamos su liquidación en una cuenta, aunque ustedes no quieran, ya la fábrica no va a trabajar más".

"Estas familias (...) de un día para otro perdieron sus empleos porque a unos empresarios les dio la gana" e "hicieron caso omiso" a una disposición del Ministerio del Trabajo que les ordenaba "la reactivación de las actividades", agregó el vicepresidente.

Arreaza aseguró que las autoridades venezolanas únicamente consiguieron comunicarse "con un representante de ellos en Argentina a través de una vídeo conferencia" porque los representantes en Venezuela "ya se fueron del país".

"Vamos a hablar con las empresas de distribución, de etiquetado (...) y que el sector químico de Venezuela nos apoye y le diga claramente a empresarios como estos que esta actitud que violenta los derechos del pueblo es inviable en la República Bolivariana de Venezuela y en la economía socialista que estamos construyendo", remarcó Arreaza, según la nota del Ministerio de Información.

Advirtió, además, que el Gobierno "abrirá una investigación sobre este caso para que caiga el peso de la ley sobre quienes han cometido este crimen contra casi 474 trabajadores y trabajadoras".