Víctimas y ONG aseguran que no hay cumplimiento de sentencia que protege a población desplazada

Justino Saa Banguera, líder de la mesa de víctimas de Risaralda, afirmó que no ha habido mayores avances en el cumplimiento de esta sentencia de la Corte Constitucional.

"Los líderes estamos reclamando porque en lo que lleva la sentencia no se ha cumplido ni siquiera el 20 por ciento. Hacemos un llamado a los entes gubernamentales, sobre todo a la Unidad de Víctimas, para que destinen los recursos necesarios para que esto se cumpla", señaló.

"Pedimos a los entes de control como la Procuraduría, la Fiscalía, como que se empoderen más del tema de las víctimas porque nos tienen como por un ladito", añadió.



Por su parte, Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES, la sentencia T-025 es un avance importante para los derechos de las víctimas, pero reconoce retrasos en varios aspectos.

"Aún no se puede declarar que se ha cumplido con esta sentencia. El punto de quiebre donde no hay un cumplimiento tiene que ver temas de empleo, de vivienda; hay más de un millón de hogares desplazados que requieren una vivienda en ciudades o en sitios de retorno", sostuvo.

"El tema de ingresos, de proyectos productivos, de tierras de atención piscosocial y de prevención del desplazamiento son los temas en los que hay un déficit más estructural", anotó.

De acuerdo con el Gobierno Nacional, de las más de 6’650.000 víctimas, 5’700.000 son de desplazamiento.

Según Paula Gaviria, directora de la Unidad para las Víctimas, en los últimos 4 años se ha registrado un descenso del 46,7% en el número de personas víctimas de desplazamiento.

La Unidad de víctimas dispuso un presupuesto para el 2014 de más de 463 mil millones de pesos para la prevención y atención de la población desplazada.