Embargarán bienes a implicados en carteles de hemofilia y enfermos mentales

Durante la presentación de un informe sobre el uso de los recursos del Sistema General de Participación en sectores neuralgicos, como la salud y la educación, el contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, señaló que el organismo de control está adelantando un proceso para el embargo de los bienes de los implicados en los denominados 'carteles de la hemofilia y los enfermos mentales', en Córdoba y Sucre.

Según Maya Villazón, los principales autores de esos hechos están siendo hoy procesados fiscal disciplinaria y penalmente. Además de los procesos de responsabilidad fiscal que se iniciaron como consecuencia de estos hechos. (Lea también: Inocentes se declaran fiscal Anticorrupción de Córdoba y exsecretario de salud por cartel de la hemofilia)

"Hoy puedo anunciar al país que también daremos a conocer nuevas medidas de carácter procesal contra funcionarios públicos actualmente en ejercicio de sus cargos que también se encuentran involucrados en estos carteles", aseguró.

Reafirmó por tanto que, "en el caso de Córdoba hay la necesidad de averiguar la procedencia de los bienes de los autores de estos casos para decretar el embargo y proceder al despojo de la propiedad de dichos bienes, para que reparen el daño que le han causado a la Nación".

Por el cartel de la hemofilia, se ha procesado fiscalmente a los responsables por $50 mil millones.

Cartel de los enfermos mentales

En el caso del 'cartel de los enfermos mentales', el contralor Maya Villazón dijo que por este caso la Contraloría abrió los procesos respectivos y se está en el trámite de imputación fiscal a gobernadores, secretarios de Salud y supervisores que se han visto implicados en delitos como concierto para delinquir, falsedad de documento así como peculado y prevaricato.

Dijo que en el caso de Sucre se crearon IPS para cometer esta defraudación, "que es lo más escandaloso".

Alimentación escolar

El jefe del organismo de control también se refirió a este escándalo de corrupción, cuyo programa de alimentación escolar cuenta con la financiación de los recursos del sistema general de participaciones.

"Allí también se adelantaron las actuaciones de la Contraloría lo que permitió descubrir las falencias en la entrega de las raciones sobre costos y otras irregularidades en 25 departamentos", indicó.

Sostuvo que durante este proceso se auditaron, de forma simultánea, los 7 departamentos que conforman la Costa Caribe colombiana evidenciando un detrimento patrimonial de 12.000 millones de pesos.

Luego se auditaron 18 departamentos más, en los que se encontró una pérdida de 49.000 millones de pesos para un total de 71.000 millones de pesos de detrimento.