La decisión fue tomada el Consejo Seccional de la Judicatura luego de solicitud de investigación formulada por la Procuraduría General de la Nación.
Los hechos respecto de los cuales el Ministerio Público solicitó la investigación fueron puestos en conocimiento de este organismo de control por la presidencia de Fiduprevisora S.A.
Se informó que los secretarios de Educación del Departamento de Córdoba y del Municipio de Santa Cruz de Lorica expidieron una serie de resoluciones mediante las cuales se reconoció el reajuste de la pensión de jubilación a docentes argumentando que contaban con 50 años de edad y 20 o más años de servicio.
Analizadas las resoluciones se encontró que habían sido proferidas sin agotar el trámite previsto en el Decreto 2831 de 2005, esto es sin la revisión y aprobación por parte de Fiduprevisora S.A., y que a los docentes beneficiarios no se les podía aplicar dicho reajuste en razón a que no cumplían con los requisitos exigidos en el criterio 50/20.
Este reconocimiento irregular de los ajustes a las pensiones de jubilación han ocasionado graves perjuicios a los recursos públicos, toda vez que los jueces sancionados decretaron, como medida cautelar dentro de los procesos ejecutivos laborales, el embargo de diferentes cuentas del Ministerio de Educación Nacional, del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y de Fiduprevisora S.A.
A pesar de haberse advertido a los jueces sobre la irregularidad en la expedición de las resoluciones y sobre la condición de inembargables de los dineros que corresponden a las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la Nación, los referidos operadores judiciales se ratificaron y mantuvieron los embargos, uno de ellos por un valor superior a los $141.868 millones de pesos.