Uber deberá pagar en Francia por su ilegalidad y Uruguay, tras la misma decisión

La filial de Uber en Francia fue condenada al pago de 1,2 millones de euros a la Unión Nacional de Taxis (UNT) por haber dado a entender a sus conductores que podían salir a la calle a la búsqueda de clientes que no hubieran reservado vehículo, algo que tienen prohibido.

El Tribunal de Apelación de París confirmó así una sentencia en primera instancia del 27 de enero pasado, en la que los jueces habían recordado que estar en la vía pública en espera de que aparezcan potenciales clientes es una prerrogativa únicamente de los taxis.

La UNT había presentado una denuncia contra Uber por la "ambigüedad" en la comunicación de la empresa con sus conductores, a los que hablaba de la posibilidad de aparcar en la calle con la idea de captar personas que quisieran hacer una carrera sin reserva previa.

En diciembre de 2014, el Tribunal de Comercio había instado a la filial francesa de la compañía estadounidense a que retirara cualquier mensaje que presentara como lícito "el hecho de detenerse, aparcar o circular" por la vía pública "en espera de clientes sin ser titulares de una autorización reservada a los taxis".

El Tribunal de Gran Instancia de París consideró que, a comienzos de 2015, no sólo que no estaba respetando esas obligaciones, sino que incitaba a los chóferes a colocarse en puntos de fuerte demanda.

En una primera reacción al fallo del Tribunal de Apelación, el presidente de la UNT, Alain Griset, se felicitó en un comunicado de este dictamen y recordó que su organización, desde 2014, "multiplica los recursos contra la multinacional Uber para que cese la organización de taxis clandestinos".

En Uruguay 

El Gobierno de Uruguay envió a la oposición un nuevo proyecto de ley por el que se sancionaría a los servicios de transporte privados no regulados como el estadounidense Uber, confirmó el coordinador de la agrupación de izquierdas Frente Amplio (FA), Gonzalo Civila.

Según filtraciones de la nueva ley publicadas en medios locales, esta nueva propuesta se centra en "el cumplimiento de la normativa vigente para el transporte individual y colectivo de pasajeros".

Así, de aprobarse el nuevo proyecto se generarían distintas sanciones para los operadores de este transporte "irregular".

De igual manera, según recoge el proyecto, también podría ser penalizado todo aquel que interviniese "directa o indirectamente en la oferta o en la demanda de la prestación de estos de servicios y que no esté debidamente habilitado para el desarrollo de dicha actividad".

Ya en enero, el gremio de taxistas denunció a la compañía por competencia desleal, aunque la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia de Uruguay falló finalmente a favor de la empresa norteamericana al no acreditar "la existencia de conductas que contravengan la normativa sobre libre concurrencia vigente a la fecha".

Asimismo, el pasado marzo el Gobierno uruguayo remitió un proyecto de ley al Parlamento para regular la actividad de empresas que se basan en la contratación de servicios a través de plataformas informáticas, aunque no solo se dirigía a empresas de transporte como Uber sino también a otras como Airbnb, a través de la que particulares ofrecen sus casas en alquiler.

Para el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, esta nuevo propuesta no esta en contra de las aplicaciones o de los nuevos sistemas sino que solo busca respetar "las reglas del juego".

Por: RCN Radio y EFE