Alcaldía apelará fallo que destituyó e inhabilitó a secretario de Movilidad de Bogotá

El secretario de Movilidad Juan Pablo Bocarejo, aseguró que apelará la decisión de primera instancia en la que la Procuraduría General de la Nación lo destituye e inhabilita por diez años para ejercer cargos públicos, por el contrato para el sistema de implementación de la semaforización Inteligente en la ciudad. 

“Para nosotros lo que ha demostrado la investigación es que todo lo hicimos con la adecuada planeación, así que utilizaremos todos los recursos que la ley pone a nuestro alcance para que eso quede claro en la segunda instancia”, aseguró.

El funcionario señaló que se mantendrá  en el cargo junto con las subsecretarias jurídica y de servicios a la Ciudadanía quienes también fueron destituidas e inhabilitadas, mientras no se produzca la decisión definitiva por parte de la Procuraduría.  

“Mientras tanto seguiremos actuando con total diligencia, transparencia y con el ánimo de sacar adelante los grandes proyectos que pretenden mejorar la movilidad y la seguridad vial en nuestra ciudad”, precisó Bocarejo.

En contexto: Destituyen a secretario de Movilidad de Bogotá por contrato de semaforización inteligente

El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa respaldó al funcionario y manifestó que “no ha habido ninguna acusación por corrupción a Juan Pablo Bocarejo. La decisión de la Procuraduría se basa en una apreciación de errores técnicos que respetamos, pero no compartimos”. 

Decisión de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de diez años al secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo Suescún, por las irregularidades en la licitación y adjudicación del contrato para la implementación del Sistema de Semaforización Inteligente (SSI) de la ciudad.

En fallo de primera instancia, esa entidad estableció que Bocarejo Suescún "no ejecutó las acciones que estaban dentro de la órbita de sus competencias para asegurar el cumplimiento de los principios que regulan la contratación estatal, con lo que incumplió su obligación de dirigir y liderar ese proceso de licitación".

La Procuraduría señaló que "hubo falta de planeación en la etapa precontractual, pues la Secretaría de Movilidad no definió la destinación de 535 controladores semafóricos, compatibles con nuevas tecnologías y avaluados en más de $13.912 millones, que corren el riesgo de quedar almacenados sin que se aproveche su vida útil y el paso del tiempo los deteriore hasta el punto de perder todo su valor".