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Esta Política fue construida con la participación de más de 500 líderes y lideresas de distintas confesiones como: la iglesia católica, el cristianismo evangélico, el protestantismo histórico, los musulmanes, entre otros.

Enrique Peñalosa
Enrique Peñalosa
Colprensa

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, firmó el decreto que convierte a la capital de la República en la primera ciudad con una política pública sobre libertades fundamentales de religión, culto y conciencia.

Sobre la medida adoptada por el Distrito, se establece que las personas que viven en Bogotá tienen un derecho fundamental para manifestar libremente sus creencias individual o colectivamente de forma pública o privada.

Ante la firma de ese decreto, la Secretaría de Gobierno del Distrito indicó que iniciará una serie de campañas para fomentar el respeto mediante acciones que visibilicen plenamente estos derechos, con el fin de convertir a Bogotá en una ciudad que previene y reduce su vulneración o amenaza, y que aboga por la pluralidad religiosa que confluye material y simbólicamente en Bogotá.

Esta Política Pública fue pensada según la Alcaldía, para disminuir factores sociales, culturales e institucionales que alimentan la intolerancia, la exclusión, la persecución y la apología del odio fundados en la religión; así mismo, para garantizar condiciones de igualdad que posibiliten el goce efectivo de los derechos de libertad religiosa, de culto y conciencia, y para implementar estrategias para fortalecer y articular iniciativas de paz y proyectos sociales provenientes de las comunidades religiosas con organizaciones de la sociedad civil, organismos de cooperación internacional e instancias institucionales del orden distrital y nacional.

Por último la administración Peñalosa, creó la Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y Conciencia de la Secretaría Distrital de Gobierno, que se encargará de la coordinación sobre la formulación del plan de acción de la política que establece responsabilidades para diferentes entidades y que permitirá su implementación desde 2018 hasta 2028.

Esta Política fue construida con la participación de más de 500 líderes y lideresas de distintas confesiones como: la iglesia católica, el cristianismo evangélico, el protestantismo histórico, los musulmanes, mormones, judíos, budistas e hinduistas entre otros.

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