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Según la Veeduría Distrital, las 20 localidades de Bogotá ejecutaron en promedio solamente el 15% de los recursos comprometidos a través de la suscripción de contratos. Además, el ente de control identificó malas prácticas en la contratación como la falta de planeación por parte de las alcaldías locales, y la celebración masiva de contratos durante los últimos meses del año.  

Puente Aranda es la única localidad cuyo porcentaje de autorización de giros, a través del Fondo de Desarrollo Local supera el 60%. Por otro lado, en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Kennedy, la ejecución de recursos es inferior al 10%.  

La Veeduría Distrital analizó la gestión contractual de las Alcaldías Menores y supervisó aspectos como los tipos de contratos ejecutados, el presupuesto comprometido y el avance en la ejecución de los contratos especificados en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 'Bogotá Mejor para Todos 2016-2020'. 

Según Tatiana Mendoza Lara, Veedora Delegada para la Contratación, esta situación afecta negativamente a todos los capitalinos, ya que "el ciudadano no ve cuando los contratos son firmados y sólo ve cuando las obras están hechas". Explicó que la Veeduría sólo puede comprobar que una obra está avanzando, mediante los giros que realizan a los contratistas.  

Indicó que el monto disponible para inversión directa en las 20 localidades durante el año pasado,  fue de unos 875 mil millones de pesos, de los cuales el 90 % se comprometió a través de contratos, un total de 789 mil millones. 

De ese dinero, 719 mil millones se ejecutaron a través de 3.171 contratos por valor de 676 mil millones, y otras 327 adiciones presupuestales a contratos de vigencias anteriores por un total de 44 mil millones. La suma restante del presupuesto de inversión, que no se ejecutó a través de contratos ni adiciones, se destinó a otras operaciones como subsidios y pago de honorarios de ediles. 

Frente a esta situación, la Veeduría elaboró once informes de evaluación, y emitió una circular en la cual invita a los alcaldes menores y a los funcionarios responsables de los contratos en las localidades a mejorar las prácticas durante los procesos contractuales. 

 

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