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El debate se dio tras conocerse que contratistas y asesores del alcalde Peñalosa estarían recibiendo altas sumas de dinero.
Foto: Colprensa

Este miércoles el Concejo de Bogotá llevó a cabo una sesión plenaria maratónica en la que cuatro proyectos de acuerdo fueron aprobados y ahora pasarán a sanción del alcalde Enrique Peñalosa.

Uno de ellos es el que plantea un programa de austeridad en el gasto público, es decir, que las entidades del Distrito sean más moderadas  en el manejo de sus finanzas.

El debate se da luego de la polémica desatada tras conocerse que algunos contratistas de la administración y asesores del alcalde Enrique Peñalosa estarían recibiendo altas sumas de dinero.

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La iniciativa contempla diferentes estrategias para reducir los gastos por medio de topes en contratación así como la identificación de acciones que generan altos costos financieros. También pretende que la ciudadanía pueda ejercer un mayor control al manejo de las finanzas de la ciudad.

Por ejemplo, uno de los puntos que destacaron los cabildantes fue terminar con el cambio de imagen que se realiza cada cuatro años cuando se cambia de administración distrital. Así lo destacó la concejal María Fernanda Rojas: "Es necesaria una medida para conservar la imagen institucional de Bogotá. No pueden cambiar cada cuatro años logos, colores, papelería, uniformes, prendas institucionales, fachadas, etc. Es un gasto inmenso e innecesario".

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Según José David Castellanos del partido Cambio Radical, los gastos de funcionamiento del Distrito entre 2015 al 2018 pasaron de $2,35 billones a $2,9 billones, es decir que aumentaron en 550 mil millones, lo que equivale a un 20%.

La iniciativa busca inculcar en las entidades distritales el manejo responsable de los recursos públicos y de esta manera invertir el presupuesto ahorrado en otras necesidades de la ciudad.

Los otros proyectos que fueron aprobados por el Concejo son la creación de la "Orden Civil al Mérito por el Liderazgo en Proyectos Generadores de Paz y Convivencia en el Distrito Capital"; declarar a Bogotá como una ciudad libre de discriminación, que incluye políticas para reducir este tipo de actos; y el fortalecimiento del sector turístico de la capital.

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