Condenan a sujeto que tenía 44 perros en un criadero ilegal en Bogotá

Durante 2022, la Fiscalía General de la Nación imputó a 239 personas que incurrían en maltratos u ocasionaron la muerte de animales indefensos, según cifras reveladas durante la última semana del año pasado. No obstante, expertos consideran que podría haber un subregistro dado que muchas situaciones de maltrato animal no se denuncian ni llegan a la justicia.

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Esta semana, se suma un nuevo caso a las cifras para este 2023. La contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía  fue determinante para que un juez de conocimiento condenará en primera instancia a José Segundo Gabriel Bermúdez Gutiérrez, como responsable de albergar varios perros en pésimas condiciones en un inmueble del sur de Bogotá. 

Este hombre había acondicionado un criadero de perros en una veterinaria que tenía en la localidad de Usme. En diciembre de 2017, durante una inspección realizada al establecimiento, se encontraron 44 caninos de diferentes razas como west highland, white terrier, yorkshire terrier, shih tzu, pomerania, pinscher y french poodle, cuyas edades oscilaban entre los 45 días y 10 años. 

Personal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá dictaminó que los perros permanecían en mal estado de salud, y tenían baja talla, problemas en la piel, signos de desnutrición, afectaciones en los ojos y los dientes. 

Asimismo, se estableció que estaban en hacinamiento en un espacio reducido que no reunía las condiciones adecuadas de cuidado, que carecía de agua y comida a disposición. Esta situación les causó a los animales un sufrimiento injustificado. 

En ese sentido, Bermúdez Gutiérrez fue sentenciado por el delito de maltrato animal a 12 meses de prisión, inhabilidad para la tenencia de animales por el mismo tiempo y al pago de una multa equivalente a 5 salarios mínimos legales vigentes. 

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La ley estipula que quien lesione a un animal puede tener una multa entre los 5 y los 50 salarios mínimos. Si le provoca la muerte, podrían estar en prisión de 12 a 36 meses y una inhabilidad de estar en cualquier cargo profesional que implique el contacto con animales.