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Se espera que este miércoles se defina la fecha en la que los conductores de la empresa Tranzit realizarán un cese de actividades.

Buses del SITP
Buses del Sitp. Imagen de referencia.
Transmilenio

Este lunes más de 1.500 conductores de Tranzit, operador del SITP que funciona en la localidad de Usme, anunciaron que esta semana se definirá si entran en un cese de actividades. La decisión se da luego de que denunciaran que no se les han pagado las cesantías correspondientes a 2018 que debieron ser consignadas como máximo el 14 de febrero pasado.

Además señalan que hace pocos días se les envió una notificación por parte de la empresa en donde les advierte sobre un posible despido masivo, debido a unas deudas que asegura el operador no han sido canceladas por parte de Transmilenio.

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"La semana pasada la empresa nos envió un comunicado en donde nos informa que  Transmilenio le adeuda más de $14.000 millones debido a un laudo arbitral que salió a favor de la empresa, que si Transmilenio no les paga esta plata, van a quedar cesantes más de 1.500 familias", aseguró Wilson Hoyos, representante de los conductores. 

Por eso insiste en que si no se les da una pronta solución,  los más perjudicados con este posible cese de actividades serán los usuarios. 

“El operador Tranzít presta sus servicios de alimentación de los buses articulados y también de transporte zonal en los buses azules en la localidad de Usme. De ser cerrada la empresa la afectación en el sur de la ciudad sería bastante grave (...) estamos bastantes preocupados por lo que pueda pasar ”, añadió. 

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Entre tanto, Transmilenio indicó a través de la subgerente jurídica, Julia Rey, que los concesionarios tienen independencia laboral a Transmilenio y no tienen nada que ver con la entidad. En ese sentido, el cumplimiento de la normativa laboral esta a cargo de los concesionarios.

Además recalcó que en cuanto a la deuda que se tiene con el operador Tranzít, la entidad ya abonó más de $3.000 millones en diciembre de 2018 para que se llegara a un acuerdo con los trabajadores, pese a que se tenía un plazo de diez meses para cancelar el monto por más de $18.000 millones.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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