Contraloría de Bogotá revela hallazgos fiscales por más de $16 mil millones en el Acueducto
El organismo de control evidenció obras abandonadas o no ejecutadas, y falta de pagos de impuestos por parte de la empresa.
La Contraloría de Bogotá, en sus funciones de vigilancia y control, dio a conocer que tras llevar a cabo una auditoría a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), logró evidenciar una serie de presuntas irregularidades presupuestales y de estructura por parte de esta empresa.
Dentro de los hallazgos, el organismo de control evidenció una incidencia fiscal por $16'804.832.130 millones, al igual que 36 hallazgos administrativos y 12 con presunta incidencia disciplinaria.
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Dentro del informe liderado por la Dirección de servicios públicos de la Contraloría de Bogotá, se señala que "el mayor hallazgo, en cuantía cercana a los $7.573 millones, se detectó en la Planta de tratamiento Salitre, Planta de Tratamiento Canoas y Estación Elevadora Canoas, así como en el interceptor Tunjuelo-Canoas, que lleva las aguas a la estación elevadora; obras que hacen parte del Sistema de Alcantarillado de Aguas Residuales del Distrito".
Según explicó el organismo, el contratista es el responsable del diseño y de la construcción, lo que significa que este debió realizar todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha del sistema por un precio acordado en el tiempo establecido.
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Por otro lado el contralor Julián Mauricio Ruiz aseguró que otro de los hallazgos que preocupa al organismo "se refiere al pago de intereses de mora en el impuesto predial por varios años hacia atrás que no se pagaron oportunamente y que asciende a la suma de $4.000 millones aproximadamente".
La Contraloría agregó que los otros hallazgos, por un valor cercano a los $9.231 millones, están relacionados con inconsistencias y desactualización en el reporte de información de macroproyectos, incoherencia en la articulación de las metas de macroproyectos, deficiencia de los productos de diseño, deficiencias en diseños y en planeación, contratación de obras sin permisos, una sanción interpuesta por la Superintendencia de Servicios y una multa impuesta por la Corporación Autónoma Regional (CAR), entre otras.
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