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Render del metro elevado de Bogotá
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El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Felipe Alirio Solarte Maya, avanza en el estudio de la acción popular, que fue presentada con el fin de que se adopten medidas urgentes para garantizar que se permita la continuación del metro elevado en Bogotá.

El magistrado Solarte Maya fue designado por reparto, con el fin de que analice la procedencia de la demanda y para ese fin tendrá un tiempo de 10 días.

Esta demanda fue instaurada por parte de la concejal de Bogotá, Lucía Bastidas, quien señaló que el  objetivo es proteger los derechos e intereses colectivos de los ciudadanos a quienes se les vulnerarían con la propuesta del Gobierno nacional de acabar con la primera línea del Metro.

“El Gobierno nacional sabotea el megaproyecto al desconocer los avances de la obra: Construcción (18 %), patio taller (68 %) y el Traslado Anticipado de Redes (95%). Los únicos perjudicados con las demoras en las obras y el caos actual en la movilidad serán los 2,5 millones de bogotanos que se beneficiarán con el metro”, indicó Bastidas.

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En la demanda se señala que cuatro de las opciones presentadas por el consorcio chino al presidente Gustavo Petro, la alcaldesa Claudia López y la Empresa Metro de Bogotá no son viables jurídicamente, porque el contrato no se puede modificar, ni sobrepasar el monto máximo de adición que establece la norma de contratación pública de hasta el 50 % del valor inicial. 

Según la concejal Lucía Bastidas, la única solución que recomendó el contratista fue extender el metro de la calle 72 hasta la calle 100, por ser jurídicamente viable y agregar valor, por atender 20.000 pasajeros adicionales.

De acuerdo con la demandante, existe un afán del Gobierno Nacional para enterrar bajo tierra un tramo de la Primera Línea del Metro y hacer efectiva la modificación de lo pactado en 2019. 

Este capricho tendría sobrecostos que podrían oscilar entre los ocho y los 12 billones de pesos y retrasos de ocho a 10 años, lo que representaría un caos a la movilidad de los bogotanos durante los próximos años”, dijo Bastidas.

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En la acción popular se solicita “al Gobierno nacional y distrital que se abstengan de hacer cambios en el contrato inicialmente pactado del megaproyecto. Que la Administración Distrital con la empresa Metro continúen con la ejecución planeada, es decir, sin soterrar ningún tramo del proyecto”.

Así mismo, se plantea la necesidad de “realizar un diálogo entre presidente, alcaldía y la Empresa Metro, en el que se reiteren los lineamientos pactados, con el fin de que la obra se ejecute sin modificación o contratiempo alguno.

También se deja presente en la demanda que la propia Procuraduría General alertó del posible detrimento patrimonial y los riesgos por las demoras en el plazo de esta megaobra.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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