La Personería de Bogotá destituyó e inhabilitó por diez años al exdirector del Instituto de Economía Social (IPES) Armando Aljure Ulloa y a la exsubdirectora Jurídica de esa entidad Sandra Victoria Vargas Castillo, por irregularidades en contratación relacionadas con un convenio de asociación por más de $96 millones.

La investigación determinó que los exfuncionarios firmaron un convenio de asociación con la Fundación Construyendo Nación, a cambio de realizar una convocatoria pública para escoger la mejor oferta para el suministro de insumos y el fortalecimiento comercial y financiero de vendedores informales.

Para el convenio de asociación el IPES aportó cerca de $88 millones y la firma privada $8.7 millones, con un plazo de ejecución de tres meses.

De acuerdo con el fallo, el director del Instituto suscribió el contrato sin verificar su objeto, y sus obligaciones no están acordes a los parámetros legales establecidos para realizar los convenios de asociación con entidades privadas sin ánimo lucro.