Distrito denuncia que voceros embera exigen contratos por más de $200 millones para desalojar el Parque Nacional

La Subsecretaría de Gobierno de Bogotá aseguró este jueves que líderes indígenas están exigiendo 12 contratos de prestación de servicios y financiación de cuatro ollas comunitarias que suman más de 200 millones de pesos para desalojar el Parque Nacional.

La entidad indicó que estos actos sólo beneficia a los partidos de la oposición de la Alcaldía Mayor que administra la alcaldesa Claudia López.

“Tenemos claro cómo buscan favorecer con sus comentarios y acciones a diferentes partidos políticos, diferentes posturas y partidos que hoy hacen parte de la oposición en Bogotá”, dijo Daniel Camacho, subsecretario de Gobierno

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Un total de 290 niños están en riesgo de sus derechos a la vida, educación y salud; de los cuales 29 han sido trasladados por las pésimas condiciones de salud, hay hospitalizados cuatro niños y dos adultos mayores, así mismo, 26 mujeres están en riesgo y se han realizado tres partos en condiciones precarias. 

Según el Distrito, se han realizado cinco mesas de diálogo y se les ha ofrecido el traslado a lugares en mejores condiciones, un alojamiento transitorio en Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida y en un inmueble de la Empresa de Renovación Urbana (ERU) en la localidad Santa Fe, pero no han sido aceptado por cálculos personales y políticos, según la entidad distrital de Gobierno. 

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“Vimos los intereses reales y nos solicitan contratos con el Distrito y financiación de unas ollas comunitarias, tenemos preocupaciones principalmente en materia de salud hacia los más vulnerables que son los niños", sostuvo. 

Indicó además que, "recibimos un correo electrónico y buscan que el Distrito haga 12 contratos por prestación de servicios por un valor 114 millones de pesos”. 

Según la entidad, de las personas que piden contratos a cambio, ninguno pertenece a la comunidad embera y se centra en intereses políticos.

Piden además financiación de cuatro ollas comunitarias por un valor de $104 millones en su totalidad, donde cada una tiene un valor de $26 millones que estarían direccionado a 1.300 personas.

“Lo que vemos en el Parque Nacional es una clara vulneración de los derechos de los niños, piden contratos pero no protegen sus derechos, están más pendiente de intereses políticos y económicos; no vamos a ceder a exigencias de contratos ni actividades donde se instrumentalícenla los menores para tener réditos políticos”, aseguró Camacho.