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Continúa el pleito legal entre las diferentes empresas de aseo de Bogotá, luego de que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) fuera convocada, junto a las cuatro empresas prestadoras del servicio de aseo de Bogotá, el Consorcio Proyección Capital interventor del esquema de aseo y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ante un Tribunal de Arbitramento. 

De acuerdo a lo informado por Promoambiental, el Tribunal de Arbitramiento reconoce que la distribución de los ingresos por los servicios de barrido y limpieza entre el 2018 y el 2021, se han realizado de manera errada y desequilibrada, ya que los recursos pagados por la ciudadanía no llegan al operador que realmente efectúa la labor y por el contrario, se distribuyen a los demás prestadores.

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Por su parte, la empresa de aseo LIME respondió por medio de un comunicado que en el reciente fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,  se estudió la acción de cumplimiento que se instauró en beneficio de los usuarios de Bogotá para que la empresa en cuestión (Promoambiental) se abstenga de facturar kilómetros de barrido no autorizados por el Distrito Capital.

Adicionalmente, Manuel Páez, abogado experto en derecho público, explicó que en el caso de hallarse irregularidades en el cobro de kilómetros barridos, estos les estarían costando a los residentes en las localidades del oriente de la ciudad alrededor de $118 mil millones hasta el año 2026.

"Por esto, se hace un llamado a todas las entidades involucradas en el control y vigilancia del cobro de tarifas a los usuarios  del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá, a que ejecuten de manera eficiente y legítima sus funciones protegiendo la economía y los derechos de los usuarios de las localidades de Usaquén, Chapinero, La Candelaria, Santa Fe, San Cristóbal, Usme y Sumapaz; ordenando a Promoambiental que se abstenga de incorporar en el cobro a los usuarios kilómetros de barrido no autorizados", explicó Páez.

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De acuerdo con el tribunal, es la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, como entidad encargada de vigilar y controlar las entidades y empresas prestadoras de este tipo de servicios, la responsable de emprender las acciones administrativas para que se facture lo autorizado por el Distrito, en las localidades de Usaquén, Chapinero, Santafé, Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz, de la ciudad de Bogotá, en un plazo de 10 días que están próximos a caducar. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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