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Emilio Archila consejero presidencial para el Posconflicto y Estabilización
Emilio Archila consejero presidencial para el Posconflicto y Estabilización
Presidencia

El consejero presidencial para la Consolidación y Estabilización, Emilio Archila, aseguró que los excombatientes que marchan hacia Bogotá no han hecho reclamaciones oficiales ante el Gobierno Nacional. 

En esa marcha no hay unas reclamaciones que ellos hubieran puesto a nuestra consideración y pudiéramos acordar. De hecho, este es un tema en el cual quiero insistir porque no hay una confrontación de posiciones; la manera como vemos este punto es que la seguridad de ellos y sus familias es una prioridad para todas las entidades del Estado”.

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También indicó que “sería un error, de parte del partido político de oposición Farc, utilizar políticamente esto y pretender que haya algún nivel de negligencia, por parte del Gobierno, para sacarle réditos políticos”, dijo.

Archila dijo que “nos duelen todas las muertes, propiciadas por quienes se lucran del narcotráfico y de las economías ilegales, y se convierten en enemigos de la construcción de paz”.

Además que “no hemos ahorrado esfuerzos y no desmayamos en este propósito. No puede haber sospechas de connivencia o negligencia de parte del Estado frente estos ataques. Solo hubo un episodio que vinculó a un miembro de la Fuerza Pública: el caso de Dimar Torres, en el Catatumbo, que se resolvió en dos meses y derivó en una condena a 20 años para un suboficial del ejército involucrado en este episodio”.

Incluso, reiteró la plena disposición al diálogo con el partido Farc para avanzar en el mejoramiento de las medidas y señaló que “no hay un teléfono que no se haya contestado ni ninguna reunión que no se haya realizado, y por el contrario, le hemos solicitado muchas veces toda la información disponible para mejorar las medidas y las investigaciones”.

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Cabe recordar que los exguerrilleros que acompañan la marcha hacia Bogotá, desde distintas partes del país, aseguran que la hacen como mecanismo de protesta para exigirle al Gobierno Nacional, garantías para el derecho a la vida y el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados por ellos en 2016.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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