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Víctimas desaparecidas
Cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá

Las autoridades distritales, entre ellas la Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca, y entidades del orden nacional como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, firmaron un pacto para hallar a 1.133 personas que están desaparecidas.

El pacto es impulsado además por la oficina de la ONU de la Bachellet, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, entidades estatales regionales y locales, así como las familias que han realizado una ardua labor de búsqueda de sus seres queridos.

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Según la Unidad de Víctimas, en la capital del país, durante el conflicto armado, se registraron 1.133 víctimas de desaparición forzada; 130 víctimas de reclutamiento y utilización de menores de 18 años de edad; 449 víctimas de secuestro, lo que arroja el total de 1.712 personas desaparecidas, secuestradas y reclutadas.

El conflicto armado en Colombia ha dejado más de 120.000 personas desaparecidas. Una cifra que supera las desapariciones registradas en las dictaduras y conflictos de Latinoamérica, algunos de estos países son Argentina, Chile y Guatemala, que cuentan respectivamente con 30.000, 10.000 y 45.000 personas desaparecidas.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que, “cuéstenos lo que nos cueste tendremos que llegar a la verdad la justicia, la reparación y garantías de no repetición. Así sea un esfuerzo de generaciones debe permanecer porque lo menos que cualquier persona ultrajada vulnerada o agredida espera es eso”.

En representación de las víctimas, Sofía Martínez aseguró que se considera como una mujer buscadora, ya que desde hace varios años no tiene información del paradero de su padre. “Esta palabra buscadora se posiciona desde la acción, no desde la palabra víctima, somos seres humanos con derechos de búsqueda, de nuestros seres queridos, hermanos, madre, padre, tíos y amigos”, indicó.

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Por su parte, Juan Carlos Monge, representante Adjunto de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que “la desaparición forzada genera incertidumbre e impacto a largo plazo; el Estado tiene la obligación de adoptar medidas para dar con el paradero y esclarecer los hechos. Este pacto facilita la participación de la sociedad civil y de los que han asumido el rol de buscadores”.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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