Fuerte malestar del Distrito por concepto de la SIC contra los taxis inteligentes

El secretario de Movilidad de Bogotá, Juan Pablo Bocarejo, se sumó a los cuestionamientos expresados esta semana por el alcalde de la capital, Enrique Peñalosa, quien no recibió con buenos términos el concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre la implementación de los taxis inteligentes en la ciudad.

Bocarejo rechazó el pronunciamiento de la SIC, que advirtió que la implementación de tabletas en los taxis de la ciudad afecta la libre competencia y el bolsillo de los usuarios.

“Quedamos muy preocupados con ese pronunciamiento, por lo que estamos pidiendo al superintendente que nos reciba para que se entere de lo que en realidad es el taxi inteligente”, dijo Bocarejo.

Agregó que en la administración de Bogotá no comparten “algunos conceptos de la SIC frente a los taxis inteligentes, ya que encontramos contradicciones frente a lo que se venía diciendo. No estamos de acuerdo con los pronunciamientos que se están dando”. 

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Previamente el alcalde Peñalosa se había referido al tema asegurando que la SIC “no es la entidad competente para decir cuál es el sistema de cobro que deben tener los taxis en Bogotá. Nosotros estamos desde el principio con el Ministerio de Transporte”.

En los últimos días el Consejo de Estado había hundido la implementación del taxi inteligente en Bogotá, luego de que el Ministerio de Transporte publicara una resolución para reglamentar este tipo de servicios sin contar con un concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Cifras del Distrito indican que son cinco mil taxistas los que ya tienen instaladas las tabletas y que, según Bocarejo, se sienten inseguros tras los pronunciamientos de las últimas horas. 

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Reparos al servicio inteligente 

El concejal Roger Carrillo se mostró en contra de la implementación de las tabletas para los taxis en Bogotá, asegurando que las tabletas "no hacen de un taxi un vehículo inteligente".

También recordó que el gremio de los taxis en la capital del país se ha visto inmerso en una gran zozobra e inseguridad jurídica e insistió en revisar el proceso y normativa de la implementación.