Imputan cargos a tres exfuncionarios de la Contraloría de Bogotá

La Contraloría de Bogotá se encuentra atravesando por un momento complicado por cuenta de los señalamientos y acusaciones en contra de varios de sus trabajadores, en especial el contralor de la ciudad, Juan Carlos Granados, quien enfrenta un proceso por presuntas irregularidades en contrataciones y vínculos con Odebrecht cuando era gobernador de Boyacá.

Ahora los señalamientos recaen sobre tres funcionarios del organismo de control, a quienes se les imputaron cargos porque habrían adjudicado contratos beneficiando a un único proponente.

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Los funcionarios involucrados en el caso son Guillermo Ernesto Tuta Alarcón, excontralor auxiliar; Yolima Corredor Romero, directora de Sistemas, y Blanca Cecilia Muñoz Castelblanco, directora financiera. A los tres se les imputaron los cargos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

Los hechos datan del año 2005, cuando, según la Fiscalía, la Contraloría de Bogotá se encontraba en un proceso de renovación de toda su plataforma tecnológica. Para ello se realizó un proceso de contratación con el fin de dotar a la entidad con software y hardware, el cual sería destinado a la plataforma "Control fiscal con la mano del ciudadano", que en ese entonces presentaba inconvenientes.

Según las investigaciones, para ese contrato solo se presentó un proponente, la empresa Sisa S.A.S. Para este tipo de procesos la ley establece la realización de una licitación, pero en caso de que solo haya una empresa interesada, la entidad deberá adjudicarla a esa compañía.

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Pero las irregularidades vinieron al finalizar ese año, cuando Sisa S.A.S. solicitó a la dirección financiera de la entidad que se firmara entre las partes un segundo contrato para proveer otro componente tecnológico, solicitud que fue aceptada.

Este segundo contrato debió ser adjudicado por medio de una segunda licitación pero en cambio fue firmado con dicha empresa sin que se diera la posibilidad a otros posibles proponentes de presentarse, según se mencionó durante la audiencia, que se adelantó en el juzgado 39 Penal Municipal.

Según la Fiscalía, las tres personas tendrían responsabilidad en esta irregularidad, la cual configura un delito en el sistema de contratación de entidades del Estado. Ante estas acusaciones los exfuncionarios no aceptaron los cargos imputados.