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Indígenas se unieron a las marcha en Bogotá
AFP

La Veeduría Distrital de Bogotá formuló una serie de observaciones al protocolo para garantizar la protesta social emitido a través de la resolución 1139 del 2020, e instó a que no se generen atrasos en esa materia. 

Esa entidad señaló que los puntos a tener en cuenta son los permisos para protestar, la protección de los datos personales, que se de claridad frente al uso de armas no letales por parte de las autoridades y la prohibición total de uso de armas de fuego.

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Según esa institución, los permisos para poder manifestarse no se deben tratar de autorizaciones como tal, porque solo la rama legislativa puede definir cuáles fines son o no legítimos para la realización de actividades.

Asimismo, se indicó que el uso de la fuerza no debe ser en contra de la protesta, sino para aislar a los violentos que intenten realizar actos vandálicos o que atenten contra la integridad de los ciudadanos o autoridades. El veedor distrital, Guillermo Rivera, se refirió al respecto.

“La protesta social es un derecho constitucional que debe ser garantizado y que está relacionado con la realización de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información, el derecho a la libre asociación, el derecho de huelga, el derecho a manifestarse y participar en eventos políticos, entre otros”, expuso.

Preciso que  “estos gozan de un marco de protección internacional vinculante para el Estado colombiano, así como los derechos fundamentales de quienes no participan en la protesta. Por eso solicitamos que las observaciones sean tramitadas y en ningún caso se retroceda en el camino hacia la garantía de los derechos fundamentales”.

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El protocolo del Gobierno Nacional fue analizado teniendo en cuenta la Constitución Política y los estándares internacionales para la reunión pacífica de Naciones Unidas, reveló esa institución de Bogotá.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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