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Accidente de buses de Transmilenio
En ninguno de los últimos incidentes viales se registró lesionados de gravedad.
Inaldo Perez

La Contraloría General de la República imputó cargos de responsabilidad fiscal por 3 mil 931 millones de pesos, en forma solidaria, en contra de la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Liliana Pardo Gaona, y la entonces Directora Técnica de Construcciones de esta misma entidad, Carmen Elena Lopera Fiesco.

La decisión se tomó tras encontrar irregularidades en la ejecución del proyecto fase III de Transmilenio, es decir en la construcción de los tramos por la carrera 10 y la calle 26.

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El organismo de control explicó que durante la administración de la exdirectora del IDU se contrataron y pagaron nuevos estudios y diseños, después que los iniciales fueron declarados inviables.

Se argumentó en su momento que presentaban riesgos de inestabilidad para las obras correspondientes al puente vehícular de la carrera 13 por calle 26, el puente de la carrera 10 por calle 26, también el de la carrera 7 por calle 26 y el intercambiador de la carrera 3 por calle 26.

Un segundo motivo de imputación contra las exfuncionarias es que los estudios y diseños iniciales de la calle 26 contaban con la aprobación y viabilidad técnica para su construcción, pero fueron objeto de actualizaciones y rediseños, como consecuencia de deficiencias en la planeación del proyecto.

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“Entre estas deficiencias están la falta de adquisición predios, la decisión de incluir buses biarticulados y la atemporalidad de las obras de drenaje de otro contratista de la fase III en el tramo de la calle 26”, explicó el organismo de control.

También se imputó responsabilidad fiscal, por más de 734 millones de pesos, al exdirector del IDU Néstor Eugenio Ramírez Cardona, por no descontar en el acta de liquidación de un contrato de consultoría los estudios y diseños que fueron declarados inviables, por presuntos riesgos de inestabilidad para las obras.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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