Los cuestionamientos de la Personería a protocolos para marchas, en Bogotá

La personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, señaló que, a pesar de los anuncios, el Distrito no ha adoptado ningún acto administrativo estableciendo un nuevo protocolo para la atención de las movilizaciones sociales en la ciudad.

Por el contrario, aclaró que sigue vigente el decreto 563 de 2015, denominado: Protocolo de Actuación para las Movilizaciones Sociales en Bogotá: por el Derecho a la Movilización y la Protesta Pacífica.

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Aunque la funcionaria reconoce la legitimidad para proponer y utilizar nuevas estrategias para el acompañamiento de las protestas, asegura que éstas no han obtenido resultados satisfactorios en términos de garantía de derechos de los manifestantes y de terceros.

“La utilización de madres gestoras de paz es altamente irresponsable, pues ellas no cuentan con la preparación necesaria y se exponen a un alto riesgo sin que la Administración se haga responsable (...) no se puede estar improvisando en un tema tan importante y tan delicado como el de la protesta social”, expresó. 

Aseguró también que “tampoco es posible comparar los resultados de la marcha del 21 de noviembre pasado, con alrededor de 80.000 personas, con la del 21 de enero en la que participaron unos 5.000 capitalinos. Se dijo que el Esmad no volvería a salir a la calle, pero en lo corrido del año lleva 36 intervenciones, 30 en escenarios universitarios”. 

Además, la personera reiteró que “la cantidad de personas trasladadas por la fuerza pública y heridas, así como las intervenciones del Esmad, son significativamente mayores a lo informado por la Alcaldía, lo que constituye una restricción para que la ciudadanía acceda a información oportuna y veraz”.

Deficiente utilización de la Fuerza Disponible

También dio a conocer la Personería de la capital que los únicos elementos de la Fuerza Disponible son la tonfa y el escudo, “así su intervención es en la práctica, una invitación al enfrentamiento cuerpo a cuerpo, lo que implica un aumento de riesgos para los manifestantes como para los uniformados”.

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“Dada la alta rotación de su personal y la ausencia de una formación especializada, muestra en terreno que sus miembros en algunas oportunidades desconocen a los funcionarios civiles y se extralimitan en sus procedimientos”, dijo.

“Incluso, han agredido verbal y físicamente a los manifestantes, a la prensa y a los funcionarios de otras instituciones, incluidos los representantes del Ministerio Público, impidiendo su labor de verificación y control”, puntualizó.