Mafias cobrarían hasta $2 millones por usar espacio público

Los recientes desalojos a los vendedores ambulantes en diferentes puntos de la ciudad llevados a cabo por la Alcaldía de Bogotá continúan causando controversia, en especial porque ciertos sectores aseguran que el Distrito no está haciendo lo necesario para garantizar los derechos de estos trabajadores informales.

Bajo el argumento de recuperar el espacio público, las diferentes entidades realizaron operativos desalojo en sectores como el barrio Restrepo y los alrededores al portal de Suba. Las autoridades aseguran que estas acciones fueron un éxito, sobre todo porque se liberaron los andenes, lo que permitió que las personas puedan caminar con tranquilidad.

Sin embargo, el Distrito tiene la responsabilidad de reubicar a todos estos vendedores que dependían de esta actividad para su sustento diario. Ante esto, en el Concejo de Bogotá se hizo un llamado a las diferentes entidades distritales como la Defensoría del Espacio Público, el Ipes, el Idiger y la Secretaría de Integración Social.

Según muchos cabildantes, las medidas tomadas por estas instituciones no han sido suficientes, lo que ha provocado que muchos de ellos se encuentran en este momento sin un empleo. 

A pesar de que la administración asegura que cuenta con toda la oferta suficiente para atender a estas personas en condición de vulnerabilidad, gran parte de los vendedores no han aceptado las opciones dadas por las autoridades para vincularse a la economía formal ya que, aseguran, no les beneficia.

Así lo explicó la concejal Xinia Navarro a RCN Radio: "Esos vendedores se dedican a estas actividades porque no cuentan con oportunidades. Los retiran a sangre y fuego y después no les ayudan a encontrar otra fuente de ingresos digna".

Pero ese no es el único problema que resaltaron los concejales. La organización interna que tienen los vendedores causó la suspicacia de ciertos sectores, quienes aseguran que alrededor de esta actividad se encuentran las mafias por lo que no se trataría de personas en condición de vulnerabilidad.

Una de esas denuncias la realizó la cabildante Lucía Bastidas, que reveló detalles de cómo operan estas organizaciones: "Hay usurpadores de espacio público que se dicen ser supervisores de los vendedores ambulantes y les piden cuotas. Les cobran entre $80. 000 y $2'000.000 por utilizar el espacio, dependiendo del punto de la ciudad en que están ubicados. Sucede en zonas como Galerías, Chapinero, el centro de la ciudad, entre otras. Mucha gente no denuncia por que asegura tener miedo".

Y añadió: "Es necesario que la Policía y los entes judiciales encuentren e intervengan en las mafias que controlan los espacios públicos".

Ante esto, otros sectores consideran que desde el Distrito no se tiene en cuenta la condición vulnerable de los vendedores y por el contrario se les estigmatiza. Así lo expresó el concejal Manuel Sarmiento: "La administración vincula a los vendedores con mafias manejadas por empresarios, pero no todos estos trabajadores son parte de estos personajes, sino que en verdad se han visto obligados a acudir a tipo de práctica para sobrevivir".