Multa de $15.000 millones a operador de Doña Juana por incumplimiento tributario
Documento de la DIAN revela que la empresa incumplió con sus pagos desde 2018.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) dio a conocer en las últimas horas la imposición de un embargo por más de 15 mil millones de pesos contra el operador del relleno sanitario Doña Juana de Bogotá, la empresa CGR.
La decisión se da luego de que la empresa estuviera retrasada en sus obligaciones tributarias desde el año 2018. Aunque esta entidad encargada del recaudo de impuestos en el país había dado un plazo a CGR para ponerse al día, solo fue hasta esta semana que la empresa presentó un plan de pagos por unos 11 mil millones de pesos.
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Según el documento conocido por RCN Radio, en cumplimento a lo establecido en los artículos 839 parágrafo y 839-1, parágrafo 1, del Estatuto Tributario “es procedente decretar y practicar medidas cautelares sobre los bienes del deudor”.
Además, se señala que el embargo de los créditos “u otros derechos semejantes comprende los vencimientos posteriores a la fecha en que decretó y los anteriores que no hubieren sido cancelados, según lo establece el numeral 4 del artículo 681 del Código de Procedimiento Civil”.
Multas al operador CGR
Hay que señalar que hace pocas semanas el Operador de Doña Juana también había sido multado por Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con 5.581 millones de pesos, al finalizar dos investigaciones administrativas que se adelantaba contra el prestador del servicio.
El ente de control detalló que impuso una multa por 5.031 millones de pesos debido a fallas en la prestación del servicio de aseo sobre la actividad de disposición final, derivadas del incumplimiento de varias especificaciones técnicas previstas en la norma.
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La superintendente Natasha Avendaño explicó que “estas sanciones son el resultado de investigaciones adelantadas luego de surtirse todo el procedimiento administrativo sancionatorio que señala la ley y respetando el debido proceso".
La segunda sanción asciende a los 550 millones de pesos, por no contar con un plan de emergencia y contingencia ajustado a las normas, lo que puso en riesgo la prestación del servicio público de aseo y los derechos de los usuarios.
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