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Extinción de dominio.
Foto cortesía Policía

La Policía Metropolitana de Bogotá anunció que en las últimas horas fueron ocupados ocho inmuebles con fines de extinción de dominio, que estarían al servicio del tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con el mayor Robin Franco, jefe seccional de investigación criminal de la Policía, “en el marco de la operación ‘Hazael’, realizó una afectación a las economías criminales y financieras de los grupos delincuenciales, logrando la ocupación de ocho bienes inmuebles en cuatro localidades de Bogotá por más de 1.800 millones de pesos. Allí se dedicaban a comercializar, vender, y a todo lo relacionado con el tráfico de estupefacientes”.

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El oficial indicó que el operativo se llevó a cabo en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades manifestaron que se realizó la materialización de las medidas cautelares de embargo y secuestro con fines de extinción de dominio de estos inmuebles, ubicados en las localidades de Usaquén, Santa Fe, Kennedy y Ciudad Bolívar. 

“La primera notificación de las viviendas se dio en el barrio La Carolina (Usaquén), lugar donde la Fiscalía dictó medida cautelar a la residencia mediante notificación a su propietaria. A ella se le dio a conocer que este inmueble quedaba a partir del momento bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE)”, señaló la Policía.

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Las autoridades manifestaron que “se levantó el acta de notificación a otras viviendas ubicadas en los barrios El Rocío, San Martín, San Bernardo (Santa Fe), Class (Kennedy), La Pradera y Lucero Alto (Ciudad Bolívar). Vinculan a estas viviendas como sitios utilizados para la venta, distribución y comercialización de sustancias estupefacientes en la ciudad de Bogotá”.

Finalmente, las autoridades manifestaron que “la extinción de dominio en Colombia es un mecanismo jurídico establecido por la Ley 1708 del 20 de enero de 2014, la cual establece y permite el embargo de bienes privados que hayan sido utilizados o destinados para actividades ilícitas. Para esto se debe llevar un debido proceso donde se analiza el afectado, la actividad ilícita de la cual se le esté implicando y el bien que entraría en embargo”. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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