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El valor del proyecto presentado por la alcaldía distrital ante el concejo, es de 1.7 billones y endeudaría a la ciudad por 30 años.
Cortesía.

En una carta, la Procuraduría expresó nuevamente sus preocupaciones sobre las posibles modificaciones que se harían al contrato de a construcción del Metro de Bogotá. Esta vez, le dirigió su mensaje directamente al gerente del proyecto, José Leonidas Narváez. 

En el documento, explicó que, luego de hacer revisión a los argumentos entregados por el Gobierno, no encuentra razones suficientes que sustenten un beneficio a la movilidad de Bogotá si se hace el cambio al contrato en ejecución. 

 “No encuentra criterios de razonabilidad, proporcionalidad, necesidad y justificación técnica que se traduzcan en beneficios para la movilidad de la ciudad y tampoco se ha explicado, de manera amplia que las modificaciones propuestas no crearán alteraciones al objetivo original del proyecto”, asegura la misiva. 

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El procurador delegado para la Vigilancia de la Función Pública aclaró que las modificaciones que se harán al contrato de concesión deben estar fundamentadas en justificaciones técnicas, jurídicas y financias, al igual que deben entregar, de manera detallada el estudio de riesgos asociados y la forma como serían atendidos en caso de presentarse. 

También mencionó que se pueden presentar demandas por parte de los oferentes del proyecto, pues los cambios representarían una modificación de el 20 % o más del dinero inicialmente destinado para este proyecto. 

"No es procedente en la ejecución del contrato modificar aspectos sustanciales del documento de precalificación y licitación que sirvieron de fundamento para la selección objetiva, previstos como requisitos habilitantes", concluye la carta.

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Además, pidieron que en las modificaciones planteadas, el proyecto debe tener en cuenta la fluctuación del dólar y que estos cambios podrían generar un retraso en los plazos establecidos para entregar el metro, causando un detrimento en el patrimonio de la capital del país. 

Finalmente, recalcaron que no están de acuerdo con la propuesta del Gobierno, pues son variaciones al contrato que no son necesarias, pues a la fecha no se han presentado situaciones que obliguen a tomar decisiones de cambio del proyecto. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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