Procuraduría pide al Gobierno conceptos jurídicos que permitirían cambios en el Metro de Bogotá

La polémica por los cambios que quiere el Gobierno Nacional en la construcción del Metro de Bogotá sigue latente. Ahora la Procuraduría le ha solicitado al Gobierno Petro que dé a conocer los conceptos de los juristas que dan viabilidad para hacer los cambios en la contratación de la primera línea.

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“Escuchamos que hay otros estudios de algunos abogados que señalan que las preocupaciones de la Procuraduría quedarían superadas. No hemos visto esa documentación, si nos la muestran podríamos hacer un análisis para determinar si evidentemente es más beneficioso para la ciudad un metro subterráneo”, mencionó la procuradora, Margarita Cabello.

La entidad espera contar con el sustento legal para saber cómo las modificaciones solicitadas por el Gobierno Petro no afectarían en la licitación ya firmada con el consorcio chino.

 “No sabemos cómo van a incluirle cambios sin que se afecten las reglas contractuales de validez y de cumplimiento contractual”, agregó Cabello.

Así las cosas, la procuradora mencionó que podrán dictaminar si es verdad que se pueden realizar estas modificaciones sin afectaciones importantes en el proyecto, esto luego de conocer los documentos.

“Lo que es cierto es que hoy hay una firma, un contratista, un contratante, ya se iniciaron las obras y esos contratos están con un objeto especifico, con unos lineamientos específicos y no sabemos cómo van a meterle cambios sin que se afecten las reglas contractuales y de cumplimiento contractual”, concluyó la funcionaria.

Hay que destacar que en los últimos días el mismo ministro de Transporte, Guillermo Reyes, mencionó que “el interés del presidente es un interés de impacto urbanístico y, por supuesto, de interés público”.

Así las cosas, Reyes ha hecho una advertencia este jueves 2 de febrero, que de no realizarse las modificaciones que tiene pensado el presidente Gustavo Petro, podrían ponerse en riesgo otras obras de infraestructura de Bogotá. 

Entre estos proyectos que se pueden ver afectados, están los cables de San Cristóbal sur, pues el gobierno tiene el 70% de la financiación de estos proyectos. 

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"Si no se aceptan, como se ha venido diciendo, las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, pues el Gobierno también, en la medida que financia el 70%, pues los otros proyectos se van a tener que parar".