Miembros de la Plataforma Alto, promotora de la realización de la consulta antitaurina en Bogotá aseguran que la Corte Constitucional dejó a discreción del Distrito la convocatoria a las urnas. Esta versión es contraria a interpretaciones recientes según las cuales la Corte Constitucional mantuvo la fecha de consulta para este 13 de agosto. Se basan en apartes del texto de la respuesta al Distrito cuando solicito a la Corte el cambio de fecha: " Esta Corte no puede proceder a autorizar, o no, la modificación de la fecha de la consulta popular definida por el mismo Distrito Capital, pues esa decisión escapa a su valoración como juez constitucional". Según el concepto de ALTO, en voz de Julián Coy, subdirector de la Plataforma, "En realidad lo que la Corte Constitucional expresó, es que no es la competente para decidir fechas. Tan abierta queda la posibilidad, de que sea el 13 de agosto, como cualquier fecha, que no expresa ninguna". Agregan en un comunicado que "El abstenerse de poner la fecha, deja en manos de la administración, en coordinación con la Organización Electoral, decidir el día más pertinente para que se den todas las garantías de la participación ciudadana y además se respete la moralidad administrativa reduciendo el costo público en la realización del ejercicio". De allí que solicitan que la consulta no se realice iniciando la siguiente semana sino durante las elecciones de marzo del 2018. De hecho, en su perfil de twitter la plataforma advierte: "Aunque circula información diciendo que #ConsultaAntitaurina va el #13deAgosto, no hay recursos ni logística ni garantías para esa fecha". Puntualizan que "ya la Nación avisó que no hay presupuesto asignado y los organismos electorales no alcanzan a organizar unos comicios, faltando tan pocos días. Logística y contractualmente es absurdo. Si la consulta se hace en cualquier fecha, le costaría al erario cerca de 40mil millones de pesos, si se hace en unas ordinarias se reduciría ese gasto más de un 90%". Finalmente aseguraron que esperan que se plantee la fecha más conveniente, tanto para el derecho a la participación, como para el erario.