Recursos del predial se verían afectados en Plan de Desarrollo, según denuncia
Contraloría de Bogotá advierte que los recursos irían a parar al Instituto Agustin Codazzi.

El contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, dio a conocer que una nueva contribución parafiscal asignada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) descontaría hasta el 5% de lo que los entes territoriales recaudan por concepto del impuesto predial.
Granados explicó que esta es una de las fuentes de financiamiento más importantes para estas entidades ya que, adicionalmente, es de las pocas rentas que se tienen de libre destinación en los distritos y municipios.
Según el funcionario, en el artículo 89 del PND se establece una contribución parafiscal para la gestión catastral correspondiente hasta el 5% de todas las rentas que se recauden, cuya determinación y cálculo provenga de la utilización de la información catastral por parte de los municipios, distritos y las autoridades ambientales. Estos recursos serían destinados para la financiación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).”
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Para el contralor Granados, un ejemplo del riesgo que correría la ciudad se puede evidenciar en el recaudo del Impuesto Predial para el año 2018 en Bogotá, que ascendió a los $2,68 billones. El 5% correspondería a más de $134 mil millones.
Granados señaló que este monto puede significar el presupuesto de todo el año de la Secretaria de Cultura que, para el 2019, está en $143.659 millones. O casi de la misma Secretaría Distrital de Ambiente, la de Gobierno o el Idartes.
“El IGAC es un establecimiento público del orden Nacional. Por consiguiente, su financiamiento es de exclusiva competencia del Gobierno Central y por lo tanto no puede pretenderse que este corra a cargo de las ya deterioradas finanzas territoriales", dijo Granados.
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Agregó que "algo muy importante es que este tipo de iniciativas, las de financiar entidades nacionales con recursos locales, ya fue estudiado por la Corte Constitucional y se pronunció en contrario”.
“Mediante la sentencia C-617 de 2002, cuando el Estado pretendió financiar los gastos de la fuerza pública con los recursos de las entidades territoriales, señaló clara y expresamente esta sentencia que estos gastos son a cargo exclusivamente del Gobierno Nacional y no de los entidades territoriales” enfatizó el contralor Granados.
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