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El registrador para asuntos electorales, Alfonso Portela, aclaró frente a las críticas de sectores animalistas de la capital, en lo que corresponde a la consulta antitaurina, que la Registraduría Nacional no toma decisiones sobre realizar o no una consulta popular, sino que el concepto entregado hace referencia exclusivamente al cumplimiento de términos que exige la ley. “La razón no es que nos neguemos o no queramos hacer la consulta. Hay que aclarar que de acuerdo a la ley de mecanismos de participación ciudadana, hay unos tiempos que deben cumplirse y agotarse”, sostuvo Portela.   El Registrador para asuntos electorales explicó el cronograma que debe surtirse antes de realizar una consulta.   “Antes de convocar cualquier tipo de mecanismo de participación se debe tener en cuenta que debe existir un pronunciamiento del Concejo de Bogotá, luego un concepto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y por último la convocatoria de la Alcaldía”, indicó.   “A partir de esto hay tres meses para poder llevar a cabo la consulta, entonces hay que especificar que no es que no la queramos hacer sino estamos advirtiendo que los tiempos establecidos en la ley no dan”, precisó.   En lo que corresponda al costo de la iniciativa, el funcionario insistió en que hasta no cumplir con los tiempos, no se puede hacer referencia al precio, ni cómo se financiará ese proceso. “Hasta que esos términos se cumplan nosotros no procederemos a activar lo que por ley nos corresponde. Nosotros estamos para cumplir los preceptos de las disposiciones que se han establecido al respecto y es la única posición que tenemos”, puntualizó.