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El Distrito tendrá un plazo de 10 días “para demostrar el cumplimiento de esta orden", señala el organismo de vigilancia.

Una persona revisa las redes sociales en su celular
Una persona revisa las redes sociales en su celular
Imagen suministrada a RCN Radio

Luego de la actuación administrativa  que inició la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el pasado 2 de junio, contra la Alcaldía Mayor de Bogotá por la presunta violación de datos personales de los ciudadanos que accedan a la aplicación Gobierno Abierto de Bogotá (GABO), creada para enfrentar la emergencia generada por la pandemia, el organismo emitió una resolución que ordena, entre otras cosas, implementar medidas de seguridad.

“Impedir el acceso o descarga de la información recolectada y tratada en las plataformas denominadas Bogotá Cuidadora y GABO APP, en especial en los servidores tramitesenlinea.saludcapital.gov.co y reddecuidadociudadano.gov.co”, señala la SIC.

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De la misma manera, la resolución ordena al Distrito, “fortalecer las medidas de seguridad, acceso y uso limitado, circulación restringida y confidencialidad de los datos sensibles de los usuarios”.

En ese sentido, el Distrito tendrá un plazo de 10 días “para demostrar el cumplimiento de esta orden”.

El organismo advirtió que, de no cumplirse con el plazo establecido, el caso será remitido a la Procuraduría General de la Nación, que deberá determinar si existen responsabilidades  disciplinarias.

Es de mencionar que el requerimiento realizado por la SIC se hizo tras la polémica generada con esta aplicación que lanzó la Alcaldía Mayor de Bogotá, la cual -según las denuncias- violaría la ley de protección de datos al solicitar permisos para rastreo mediante GPS, acceder a fotos, almacenamiento y cámara, entre otras.

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El ente regulador recordó que el derecho de habeas data es fundamental en Colombia, “y las actuaciones de las entidades de derecho público sobre esta materia son investigadas por la SIC, con el fin de determinar si existen responsabilidades, las cuales son consideradas disciplinarias por lo que cualquier hallazgo será remitido a la Procuraduría General de la Nación”.

Según la SIC, en lo corrido de este año se han impuesto ocho sanciones, por $837.155.949 y se han emitido 444 órdenes relacionadas con la protección de datos.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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