Vecinos de portales de Transmilenio ponen tutela para que se ponga freno al vandalismo

Los habitantes que viven cerca a los portales de Transmilenio de las Américas, Usme y Suba presentaron una acción de tutela ante el Consejo de Estado con fin de exigir la protección de sus derechos y la reparación de los daños que persisten a causa de los actos vandálicos registrados en el marco de las protestas.

Con esta acción ciudadana los vecinos de los portales reclaman una vida en condiciones dignas y la protección de sus derechos a la seguridad personal, la propiedad privada, la salud e integridad, al mínimo vital y seguridad alimentaria, a la libre locomoción y a la libertad de expresión.

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Los autores de la tutela piden que se ordene al presidente Iván Duque, a la alcaldesa de Bogotá Claudia López, al ministro de Defensa Diego Molano, al director de la Policía Nacional y al secretario de Gobierno Luis Ernesto Gómez, que de manera inmediata adelanten las acciones legítimas para recuperar el orden público en estas zonas de la capital del país.

También plantean que se contemple la necesidad de militarizar estas zonas y que se cumpla con las reparaciones al espacio público y  los compromisos pactados en temas de seguridad y convivencia.

En la tutela están anexadas las copias de toda una serie de pruebas sobre las graves afectaciones que sufren los pobladores de estas localidades, representados en los daños materiales en sus viviendas o locales, intimidaciones que afectan su salud mental, amenazas contra su vida, bloqueos que impiden su movilidad y su abastecimiento, hurtos y extorsiones durante las convocatorias citadas por el comité del Paro y lideradas por la Primera Línea.

La presente acción judicial también cuenta con el apoyo de la concejal de Bogotá Lucía Bastidas y otros integrantes de la Comisión contra el Vandalismo del Concejo de Bogotá.

"Hemos sufrido noches de agravio, daños a nuestras propiedades, violencia, malos tratos, por parte de miembros de la Primera Línea que ingresan a nuestros barrios, a nuestros conjuntos y calles aledañas para generar disturbios, con quema de llantas, con el humo y los olores porque se dedican a consumir drogas, los que tenemos negocios no podemos trabajar porque nos roban, nos rompen vitrinas o nos amenazan", aseguran los vecinos que promueven la tutela.

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También argumentan que la vulneración de sus derechos y demás quejas han sido puestas en conocimiento de manera reiterada a la propia alcaldesa de Bogotá Claudia López, a los alcaldes locales, a los delegados de la Secretaría de Gobierno, de Movilidad, Seguridad, IDRD, Dadep, Uaesp, entre otras, con compromisos que se han pactado, pero que siguen sin cumplirse luego de seis meses de disturbios en estas zonas de la ciudad.

La tutela recoge más de 30 testimonios de víctimas del vandalismo que describieron cómo: "Dañan los contadores de servicios públicos y grafitean las fachadas de casas y negocios. Se roban las cámaras de seguridad de los conjuntos y los elementos de las obras que buscaban beneficiar al sector. Se han devaluado las propiedades, y otros vecinos han tenido que abandonar la zona por los constantes daños o por amenazas porque han sido identificados tras denunciar los hechos”.

Los autores de la tutela dejaron en claro que con esta acción judicial no se pretende en ningún caso afectar el derecho a la protesta legítima y pacífica, pero sí es necesario que se genere un marco y unas exigencias mínimas para que no se vulneren los derechos de los demás ciudadanos.

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"Tampoco puede ponerse en riesgo el mínimo vital por la imposibilidad de llegar a los trabajos o estar sometidos a caminatas eternas o la dignidad humana, la seguridad personal, propiedad privada entre otros hechos de la indignidad que implica vivir en el miedo de los bloqueos", advierte la tutela.