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Neis Lame
Neis Lame, Consejero Mayor del CRIC
Foto cortesía CRIC

Un informe del Instituto de Estudios para El Desarrollo y la Paz (Indepaz) advierte que 269 líderes indígenas, varios de ellos defensores  de derechos humanos, han sido asesinados en los últimos cuatro años en Colombia.

El documento reseña que 167 de estos crímenes se han cometido en el actual gobierno y 14 durante el periodo de la pandemia, principalmente en el departamento del Cauca, donde hay graves conflictos de tierras entre comunidades y sectores privados legales e ilegales.

El reporte precisa que luego de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, en el Teatro Colon de Bogotá, 242 líderes aborígenes fueron acribillados y, durante el este año 2020, otros 47 cayeron abatidos, 14 de ellos en el periodo de confinamiento desde el mes de marzo a la fecha.

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Camilo Gonzalez Posso, director de Indepaz, dijo a RCN Radio que los departamentos de Cauca y Nariño, de lejos, concentran  las situaciones más graves por cuanto allí han sido asesinados este año 28 de estos líderes.

Pero también en Bogotá, según revela el informe de Indepaz, los dirigentes indígenas han sido víctimas del conflicto por contrabando de mercancías, extorsión, secuestro, lavado de activos, apropiación ilegal de tierras y viviendas, entre otros, por parte de grupos como las águilas negras, las AGC, Rastrojos,ELN, disidencias de las Farc, Boyacos, sayayines, Pascuales y la fuerza pública.

“Es el resultado de conflictos muy serios, unos inmediatos por la pandemia porque las comunidades indígenas están controlando territorio, están ejerciendo autoridad, están diciéndole no a la gente que quiere realizar actividades criminales en esas regiones y chocan estas actitudes con los intereses de estos grupos que los persiguen”, señaló González.

Subrayó que también hay “conflictividades históricas por tierras, explotaciones mineras, narcotráfico de cocaína o marihuana y la disposición de las autoridades indígenas a controlar esta situación”.

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El director de Indepaz, Camilo González, indicó que el asesinato y ataques contra los líderes indígenas no ha tenido una respuesta adecuada desde el gobierno, como “medidas de protección efectivas, reconocimiento de la guardia indígenas y otras que operan en las regiones”.

Concluyó que la violencia contra las comunidades aborígenes “forma parte de una larga historia de discriminación, costreñimiento de perdida de libertades  y falta de atención a las obligaciones  del Estado  para garantizar los derechos étnicos y territoriales”.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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