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Un juez de la república aseguró en establecimiento carcelario a 11 personas, entre quienes se cuentan funcionarios de la rama judicial de Lorica, Córdoba, presuntamente implicados en la creación de una red criminal que defraudó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por más de 80 mil millones de pesos.

La Fiscalía señaló que cuenta con elementos probatorios suficientes para demostrar que estos "servidores de la justicia" se valían de sus cargos para falsificar poderes, resoluciones y otros documentos, logrando así el pago fraudulento de las pensiones, que se convertiría, tal vez, en el desfalco más grande de esta zona del país.

Presuntamente y según el fiscal delegado para el caso, durante varios años los capturados habrían retirado millonarias sumas de dinero de entidades bancarias en bolsas de plástico, producto del cobro irregular de estas pensiones con las que se desfalcó el Estado en más de 80 mil millones de pesos.

"De lo que la Fiscalía ha puesto en conocimiento presuntamente y al parecer a través de unos títulos, pensiones o resoluciones que reconocían unos beneficios a los maestros, parece ser que se desviaban algunos dineros fraudulentamente con personas que no tenían este derecho", explicó William Duarte, abogado de uno de los asegurados.

La Fiscalía le imputó a estos sujetos los delitos de falsedad en documento público, falsedad en documento privado, prevaricato, peculado y concierto para delinquir, conductas de las que todos los sindicados se declararon inocentes.