Abuso sexual de menores: el Estado no se comunica entre sí para solucionar los casos
La advertencia es de la Fiscalía, que reportó actualmente un total de 85 mil investigaciones por cargos de abuso sexual contra niñas y niños
El fiscal delegado para los delitos contra la Infancia y la Adolescencia, Mario Gómez Jiménez, señaló que hay claras dificultades de orden cultural y de gerencia pública que deben ser resueltas para mejorar la atención e investigación de los casos de abuso sexual de menores en el país.
Gómez criticó el hecho de que el Estado, con todas sus entidades, “no se habla entre sí” para ser más efectivo a la hora de avanzar en los procesos.
“El Estado tiene cifras en el Ministerio de Salud sobre embarazos de menores de 14 años que no se reportan al sistema penal (...) el sistema hospitalario no reporta lo suficiente, el Dane lo registra pero de manera anónima y la Fiscalía se demora largamente en poder ponerse en la tarea motu proprio de ir y buscar esas cifras para investigar de oficio y no esperar las denuncias”, dijo el Gómez.
Las declaraciones del funcionario se dieron en medio del debate promovido por RCN Radio, para tratar de entender como sociedad qué estamos haciendo mal y qué se puede hacer bien para cortar el círculo vicioso de violencia contra los menores en Colombia.
Gómez reveló que desde 2005 a la fecha, la Fiscalía adelanta un total de 85 mil investigaciones por cargos de abuso sexual de menores de edad en el país, de los cuales sólo han sido emitidas 6 mil condenas contra los agresores.
“Hicimos un ejercicio de repaso de todas las cifras en los últimos trece años y uno de los hechos más aberrantes, que es el acceso carnal con menor de 14 años, tiene un registro que va desde el 2005 a la fecha de 85 mil investigaciones, versus 6.116 condenas. Ese es un delito en el que se ha venido trabajando de manera muy fuerte y el cual ha sido priorizado”, aseguró el fiscal en diálogo con RCN Radio.
No obstante, dejó en claro que los fiscales tienen instrucciones claras de avanzar en las investigaciones penales de los casos restantes, con el fin de esclarecer los mismos y judicializar a los responsables.
La propia casa, entre zonas de más riesgo
Gómez Jiménez indicó que los investigadores también han detectado que entre el 65% y el 70% de los casos de violencia sexual contra los niños en el territorio nacional se registra en las casas donde viven los menores, lugar en el que paradójicamente deberían estar más protegidos.
“Cuando estamos dándonos cuenta de que hay una epidemia que se está presentando como consecuencia de la violencia contra los niños y niñas, tenemos que tomar medidas. Entre ellas en el núcleo de la familia, que es el prioritario, porque un alto porcentaje de los casos ocurre en la casa de habitación de los niños y su agresor termina siendo un pariente”, indicó el fiscal Gómez.
Señaló que la Fiscalía está haciendo una millonaria inversión para la adquisición de instrumentos tecnológicos, como las denominadas cámaras de Gesell, empleada para la toma de entrevistas forenses de menores víctimas en casos de agresión y violencia bajo los protocolos de reserva que ordena la ley.
No a la cadena perpetua
De igual forma, señaló que las denuncias relacionadas con casos de abuso sexual de menores han aumentado en un 25% en los dos últimos años, pero ello no implica que necesariamente exista un incremento en el número de los casos.
“La semana pasada, por ejemplo, una década después de ocurridos los hechos siete niñas que hoy ya son mayores de edad denunciaron a la Fiscalía el caso de un profesor de teatro de Tunja (Boyacá), que las agredió sexualmente y las obligó a cometer actos indebidos y sus testimonios fueron determinantes para llevar ante los jueces al docente y ante la contundencia de las pruebas a que confesara los hechos”, dijo Gómez Jiménez.
El fiscal Gómez agregó que no comparte la posibilidad de llegar a aplicar en el país la cadena perpetua para violadores y abusadores de niñas y niños, argumentando que la salida en materia judicial es imponer las penas que ya contempla el Código Penal colombiano, que en casos como el del profesor abusador de sus estudiantes menores de edad podría ascender a los 40 años de prisión.
