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Justicia en Colombia
Justicia en Colombia.
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La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta respecto a la situación de Colombia con las decisiones que se han emitido desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger los derechos de las víctimas, tras revelar que en muchos casos no se han acatado de la forma correcta.

La CorteIDH ha emitido 19 sentencias contra el Estado colombiano, correspondientes a procesos que fueron instaurados por víctimas de diversos delitos en el país que recurrieron al organismo internacional para hacer valer sus derechos.

Sin embargo, gran parte de las sentencias que se han impartido, y que corresponden a hechos que datan de la década de los ochenta, todavía no registran un cumplimiento efectivo.

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Entre los aspectos que componen el documento se destaca con preocupación que a las víctimas cobijadas en las sentencias no se les está garantizando el acceso pleno a la justicia, sino que por el contrario hay "persecución" contra éstas; obligando a que muchas se hayan ido del país por temor a sufrir daños.

Estas cifras forman parte de un informe cuya versión completa estará disponible dentro de dos semanas y que su elaboración es resultado de un Acuerdo Marco suscrito entre la CIDH y la Defensoría del Pueblo en el 2015.

Se señala además que no hay avances significativos en las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos victimizantes, "dilaciones injusticadas" e informes parciales sobre los procesos que actualmente son de responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación.

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La Defensoría del Pueblo advirtió que las víctimas están siendo "estigmatizadas" debido a que son señaladas y/o catalogadas como "de izquierda, guerrilleros y que se dejan manipular por las organizaciones no gubernamentales". 

De igual forma advierte que no se está cumpliendo cabalmente con el pago de las indemnizaciones que se han ordenado.

Dentro de esta lista de incumplimientos se encuentra la "sistematización" para el acceso efectivo a los servicios de salud, situación que responde a la crisis estructural propia del sistema de salud colombiano.

También hay un cumplimiento a medias en el acceso a la educación y en la que se evidencia que poco esfuerzo del Estado para que las becas cubran el total de la carrera profesional, al igual que subsidios insuficientes que no brindan un enfoque diferencial para las víctimas, como en el caso de la población indígena y campesina.

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"Vamos a trabajar para que a las víctimas de estas 19 sentencias se les cumpla porque no tiene sentido que decisiones que ha tomado una Corte como la Corte Interamericana, no las cumplamos", afirmó Carlos Negrete, Defensor del Pueblo.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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