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Foto: Twitter Bomberos de Bogotá



Un grupo de las víctimas del accidente de una aeronave que se precipitó contra una panadería en el noroccidente de Bogotá, el 18 de octubre de 2015 y que dejó 10 personas muertas; interpuso una demanda contra el Estado con la que pretenden reclamar a la Aeronáutica Civil más de mil millones de pesos como indemnización, tras argumentar que el accionar de esta entidad fue irregular, a la hora de autorizar la operación que terminó en tragedia.

Esta demanda fue interpuesta ante el Tribunal de Cundinamarca y allí estas personas, apoderadas en el abogado Ricardo Tapias, solicitan el pago de $1.029’838.238 por concepto daños emergentes y lucro cesante, advirtiendo que tras el siniestro de esta aeronave, se vieron seriamente afectados en el aspecto familiar y económico.

Dentro de los argumentos que se exponen en la demanda, las víctimas señalaron que la licencia del piloto Juan Pablo Angulo Reyes (quien también falleció en el accidente) debía estar suspendida, puesto que él fue procesado por nexos con el narcotráfico y al día en que voló la aeronave no había presentado su licencia antinarcóticos, la cual es requisito de las autoridades.

“Es concluyente decir que el piloto JUAN PABLO REYES ANGULO, no tenía el certificado de carencia de tráfico de estupefacientes renovado, y era imposible que las autoridades lo concedieran debido a la investigación que pesaba sobre él”, dice la demanda, en la que también se establece que estos documentos fueron allegados a la Aerocivil un día después del accidente.

De igual forma estas personas indicaron que, según las pruebas recolectadas, se determinó que el último vuelo de la aeronave HK-3917G se realizó en el 3 de octubre de ese mismo año a la ciudad de Cali, desde donde se volvió a movilizar días antes del accidente, al parecer sin los permisos necesarios para su operación.

RCN Radio trató de comunicarse con la familia demandante, pero su abogado indicó que por ahora no se referirán del tema ante la opinión pública, no obstante se consultó a los habitantes de este barrio afectado, quienes denunciaron que todavía hay personas afectadas por este accidente que no han sido reparadas.

Juan Pablo Bueno, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Luján, indicó que “es muy triste que hayan pasado tres años en los que no ha ocurrido nada, pese a que en su momento se hicieron las denuncias, somos una comunidad que literalmente no ha recibido reparación alguna y un ejemplo de eso es que por ejemplo la vivienda que se vio afectada sencillamente la demolieron y ahí quedó el lote”.

En otro argumento, las víctimas resaltaron que por instrucción de la Dirección de Servicios de Navegación Aérea, grupo que forma parte de la Aerocivil, desde el año 2009 se prohibió la operación de aeronaves a pistón en el aeropuerto internacional El Dorado, razón por la cual no se podía permitir la operación de la avioneta siniestrada en esta terminal aérea.

En su demanda estas personas pidieron al Tribunal de Cundinamarca que ordene a la Aerocivil a entregar toda la información referente a su caso, tras advertir que en el informe final se obviaron varios elementos ya denunciados y que se pida a los entes de control que investiguen lo ocurrido.

“Otra de las omisiones de y fallas internas, es la ausencia de control documental en la regulación de los parámetros aplicables a las pólizas de seguros, que se deben expedir para las aeronaves, debido a que no cubren la totalidad de los riesgos y posibles daños que se puedan causar”, dice el texto de la demanda.

Este recurso fue instaurado el pasado 27 de septiembre ante la Sección Tercera del Tribunal Contencioso y Administrativo de Cundinamarca, el cual la aceptó para su estudio una semana después y por el momento se encuentra en la etapa de recolección de testimonios, razón por la cual solicitó una respuesta inmediata a la Aeronáutica Civil sobre este caso.