Al Procurador le preocupa la 'ambigüedad' del acuerdo entre Gobierno y Farc

El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, expresó que le preocupa la "ambigüedad" del acuerdo de justicia transicional al que llegaron el Gobierno y las Farc este miércoles con la reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y el líder máximo de ese grupo guerrillero, Rodrigo Londoño Echeverry, alias 'Timonchenko'.

Ordóñez hizo varios cuestionamientos y advirtió que no hay claridad en cuáles son las penas que deben pagar los máximos jefes de las Farc y de quienes cometan delitos de lesa humanidad, porque según él "omitir la pena de prisión para máximos responsables, así estos reconozcan la realización de los delitos, sería un acuerdo de impunidad".

Asimismo señala que "preocupa la ambigüedad del texto pactado en relación con lo que puede significar una 'restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales'"; y agrega que esto "puede reducirse a la prohibición de salir del país o la realización de un trabajo comunitario, lo cual a todas luces incumpliría los estándares internacionales".

"Desconocer el pilar fundamental de la justicia hace nulo el acuerdo logrado ante los ojos de la justicia internacional (...) Si se evade pena privativa de la libertad Colombia estaría incumpliendo con sus obligaciones de evitar la impunidad", afirmó el procurador.

Finalmente manifiesta que como la Procuraduría lo había advertido, en Cuba se negociaba con el grupo guerrillero "el tratamiento judicial a los militares y policías. El Gobierno Nacional lo negó. Ahora es claro que se sometió su suerte jurídica al dictamen de ese grupo armado ilegal".

El jefe del Ministerio Público se refirió al concepto sobre la conexidad de los delitos políticos que fueron firmados dentro del acuerdo, advirtiendo que se estarían excluyendo a los miembros de la Fuerza Pública.

"Al someter la amnistía señalada en el Protocolo II al delito político y a los delitos conexos con este, se excluye a militares y policías, teniendo en cuenta que ellos, por la naturaleza del servicio público que tienen encomendado, no pueden cometer el delito de rebelión y en general el delito político. Es una amnistía que sería aplicable solo a favor de las Farc. El Protocolo II no condiciona la amnistía a los delitos políticos o conexos", indicó el Ordóñez Maldonado.

El procurador aseguró que el concepto de la dejación de armas no está claro y no se podría aplicar una entrega efectiva de quienes han estado en la insurgencia por más de 50 años en el país.

"La implementación de la jurisdicción de paz debe estar sujeta al desmantelamiento de esa organización ilegal, lo cual incluye su desarme absoluto y la desmovilización total de sus integrantes de manera verificable, y el destino que tendrán dichas armas debe quedar claro como condición 'sine qua non' para la concreción del acuerdo final. No es suficiente la simple dejación de armas", agregó el procurador general.