El representante del Polo Democrático Alirio Uribe, instauró una denuncia penal en contra del alcalde, Enrique Peñalosa, y del secretario de Salud Distrital, Luis Gonzalo Morales, por los presuntos delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público, al decretar una emergencia sanitaria en el Distrito con base en unos estudios que la Secretaría de Salud dijo haber realizado, pero que resultaron ser una tesis de grado de especialización. El congresista sostuvo que Peñalosa decretó una emergencia sanitaria sin el sustento necesario para hacerlo, porque los estudios que hizo la Secretaría de Salud resultaron ser un plagio de una tesis de grado de especialización de un estudiante de la Universidad del Rosario, quien para la fecha de expedición del decreto era contratista de esta entidad. “Al parecer Peñalosa emite un decreto de estas calidades de repercusión, solo con el propósito de obtener prerrogativas especiales como contratación directa o la adquisición de empréstitos de manera directa, que en condiciones ordinarias habían de ser objeto de debate y consecuentemente control en el Concejo de Bogotá como expresión del principio democrático”, afirmó. El congresista realizó esta denuncia ante la Fiscalía luego de que el secretario de Salud Luís Gonzalo Morales entregara como sustento del decreto de emergencia sanitaria un documento denominado “estudios de capacidad de respuesta hospitalaria”. Al ser confrontado el escrito con los archivos de la Universidad del Rosario resultó ser una tesis de grado, con nombre similar, del estudiante de la Especialización en Medicina de Emergencias, que fue concluida y presentada para optar al título el 2 de febrero de 2015, es decir, un año y tres días antes de la expedición del decreto de emergencia. El estudiante, quien para la fecha de expedición del decreto era contratista de la Secretaría de Salud, asegura en su trabajo de grado que su estudio está enfocado a la capacidad de respuesta de la red pública de urgencias hospitalaria para eventos con múltiples víctimas o catastróficos, tipo terremoto, enfoque que no hace parte de la motivación del decreto de emergencia por cuanto no era ese el objetivo de la medida. Por otra parte, el representante Alirio Uribe demostró que no era cierto, como se afirma en el decreto para justificar la emergencia sanitaria, que la sobreocupación de los servicios de urgencia era como se dijo de 250% en la red pública y del 300% en red privada. En ese mismo sentido, el congresista afirmó que según cifras entregadas por la propia Secretaría de Salud, la ocupación de los servicios de urgencias para el año 2015 fue de 84.77% y para enero del 2016 – un mes antes de ser expedido el decreto - fue de 73.93%, el punto más bajo entre los años 2011 a 2016. “El alcalde Peñalosa no solo cometió presunto prevaricato para favorecer sus intereses, sino que mintió frente a las cifras sustentadas por el decreto, con cifras que no sustentan un evento sobreviniente de sobreocupación del servicio de urgencias, que pudieran haber sido superadas con simples medidas ordinarias por parte de la administración”, puntualizó.