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En primera instancia, Charry dijo que “es posible aplicar un instrumento transicional para rebajar las penas a cambio de la verdad, la reparación el compromiso de no repetición”. Agregó que está en función de las víctimas y de la verdad.

A su turno, el columnista César Rodríguez dijo que “en Colombia esto significa ampliar el marco jurídico para la paz incluyendo a los no combatientes. Pero hay que recordar que la justicia internacional también está pendiente y de esos detalles depende que la CPI intervenga o no”.

Sobre la posibilidad de un perdón generalizado los expertos coinciden en que deben existir penas alternativas, pero que no puede haber impunidad. “La pena no tiene que tener cárcel necesariamente, pero puede ser una privación de la libertad que no sea en prisión”, dijo Rodríguez.

Entre tanto, Charry dijo que debe haber sanción, no necesariamente de carácter penal. “El precio de la paz no está en términos económicos sino hasta donde está dispuesta la sociedad colombiana a rebajar las penas y la discusión en mi opinión debería centrarse en el margen de rebaja”, comentó.



Para Rodríguez, hay un elemento importante a considerar referente a la opinión pública: “hay que ver qué tanto de justicia se puede obtener para conseguir la paz, no hay que copiar un modelo de otro país, sino aplicar un modelo colombiano compatible con la normatividad internacional”.

También analizaron los alcances del recientemente aprobado marco jurídico para la paz y ambos analistas coinciden en que se ha quedado corto frente a las necesidades que supone aplicar un sistema de justicia transitorio para combatientes y no combatientes.

Los analistas también advierten que el eventual acuerdo de paz con las Farc no se puede limitar a un proceso exclusivamente penal, porque consideran que debe implicar la posibilidad de que los guerrilleros que firmen el acuerdo tengan la posibilidad de participar en la política.

Sobre el papel vigilante de la Corte Penal Internacional, Rodríguez dijo que hay un miedo excesivo a ese organismo. “Algún tipo de sanción para los máximos responsables de los delitos más graves, es fundamental para evitar que se prenda un bombillo rojo para que ese organismo decida intervenir en Colombia”.

Charry dijo que el tema de los delitos políticos y conexos es el que habilita la posibilidad de que los guerrilleros puedan participar en política, excluyendo delitos distintos a los políticos.

Por su parte Rodríguez comentó que “por razones jurídicas y políticas, debe existir una puerta para que estas personas puedan participar en política, de lo contrario sería un proceso exclusivamente penal sancionatorio”.

Sobre la pena alternativa como detención domiciliaria, ambos consideran que se puede contemplar esa posibilidad. “La Casa por cárcel significaría concentración en algún lugar de Colombia, porque de otra manera sería muy complicado y habría que evitar que el post conflicto se dañe, como ocurrió en el caso del exterminio de los militantes de la Unión Patriótica”.